PP y Ciudadanos, las asociaciones de Policía Nacional y la Guardia Civil y las de víctimas del terrorismo se han levantado contra la Ley que acaba de aprobar el Parlamento vasco con los votos del PSOE y PNV y la abstención de Bildu y Podemos para el reconocimiento de las personas que sufrieron vulneraciones de derechos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado entre 1978 y 1999.
El presidente de los populares, Pablo Casado, llevará al Tribunal Constitucional la norma que viene a enmendar un texto aprobado en 2016 [Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999]. Esta norma fue recurrida por el PP ante el TC, aunque el recurso fue retirado por el Gobierno del PSOE a cambio de incluir puntos para dejar claro que el objetivo no es buscar responsabilidades de los presuntos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados.
Los de Albert Rivera, por su parte, llevarán la norma ante el Defensor del Pueblo, pues no tienen los diputados suficientes para recurrirla ante el Alto Tribunal. La formación naranja considera que el texto aprobado "mancha y denigra la imagen de la Guardia Civil y la Policía". La polémica se desató este jueves en la Cámara de Vitoria cuando el diputado de EH Bildu Julen Arzuaga comenzó a llamar "nazis" y "asquerosos" a los representantes de las asociaciones policiales que asistían al debate desde la tribuna de invitados. Un episodio "lamentabilísimo" en opinión de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Todo coincide con la semana en la que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha tenido que echar mano del partido de Arnaldo Otegi para aprobar sus últimos seis reales decretos en la Diputación Permanente del Congreso, así como acelerar las primeras transferencias comprometidas con el PNV. Celaá insistió en que la norma aprobada no contienen "ningún punto" que compare a las víctimas del terrorismo de ETA con las de abusos de la policía, que son casos "identificados, concretos y pocos". "Esto no quiere decir que se esté vertiendo ninguna sospecha sobre las fuerzas de seguridad", añadió.
Las asociaciones de víctimas, en cambio, insisten en que el nuevo texto sigue "invadiendo competencias exclusivas del Estado". Entienden que se creará "una comisión 'ad hoc'" para discernir si se ha producido o no una vulneración de derechos humanos. "Declarar víctimas y verdugos sin las más elementales garantías reconocidas por nuestro derecho penal y procesal, no sólo atenta contra el honor de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino contra todo el colectivo de víctimas del terrorismo, al favorecer un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada durante décadas por ETA", critican.
Sin embargo, texto al que han dado luz verde los nacionalistas y socialistas vascos maca que la vulneración de derechos humanos en un contexto de motivación política se podrá acreditar a través de una resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos y añade que "no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal". El Gobierno socialista de Patxi López aprobó en 2012 un decreto para el reconocimiento de las personas que sufrieron vulneraciones de derechos entre 1969 y 1978.
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