El Gobierno da un paso más allá en su empeño por contentar al independentismo y acuerda con EH Bildu una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. Entre las líneas maestras del texto pactado por los socialistas destaca la prohibición de las pelotas de goma, el compromiso de acabar con las devoluciones en caliente e imponer nuevos límites para las sanciones por faltas de respeto y desobediencia a la autoridad. Una modificación legislativa que supone "limitar las actuaciones de los Agentes de la Autoridad" ante episodios de conflictividad social.
Así lo describen los juristas consultados por Vozpópuli que, además, alertan sobre la pérdida de "seguridad jurídica" en detrimento de policías y guardias civiles que supone el cambio legislativo impulsado por el Ejecutivo de Sánchez. Los expertos entienden que la función del Estado pasa por garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desarrollar todas sus funciones para garantizar la paz social, no limitar sus medios para ello.
La nueva ley que, hasta ahora sólo contaba con el apoyo de PSOE, PNV y Unidas Podemos, pondrá fin a la "discrecionalidad" existente en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. De esta forma, el acuerdo firmado con EH Bildu pasa por reformar el apartado 4 del artículo 37 de la norma, relativo a infracciones leves, de tal forma que se incluyen nuevas excepciones o requisitos para que las faltas de respeto y de consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean consideradas como una infracción.
Términos jurídicos imprecisos
En este sentido, Antonio Benítez Ostos, socio-director y fundador de Administrativando Abogados, defiende que la obligatoriedad de que exista una expresión "relevante" para que alguien pueda ser sancionado genera un espacio de "inseguridad jurídica". En consecuecia, "tendrán que ser los tribunales los que resuelvan cuestiones cuyo origen es una legislación poco clara o deficiente", añade.
Este escenario de inseguridad jurídica, provocado por la reforma legislativa de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, también puede darse en los casos de desobediencia, ya que el texto recoge debe ser "manifiesta y clara". Según el magistrado Fernando Portillo el nuevo texto incluye términos "vagos" e "imprecisos" que van situar a los agentes en una posición de desprotección, lo que "obligará a los jueces a tener que hacer interpretaciones".
El letrado Antonio Benítez Ostos explica que la apreciación de "relevante" recogida en la norma se trata de un concepto jurídico "indeterminado", que "deja un amplio margen de apreciación tanto a la Administración cuando deba sancionar, como a los jueces y tribunales cuando las sanciones sean recurridas. En consecuencia, serán los tribunales, los que con las resoluciones judiciales, sienten las bases y criterios de lo que debe interpretarse por relevante y lo que forma parte de la libertad de expresión.
La inseguridad jurídica afectará a la labor de los jueces
Para Portillo, la decisión del Gobierno "hace un flaco favor" al ejercicio diario y la actuación de los jueces, ya que la inseguridad jurídica desemboca en una "inseguridad de actuación" para los magistrados. "No podemos admitir, ni como juristas, ni como ciudadanos que, la reforma de una ley, obedezca más a criterios de conveniencia política que, a razones jurídicas. Recordemos que el Tribunal Constitucional ya dio su visto bueno a la norma en su integridad", señala el letrado Antonio Benítez Ostos.
La crítica transmitida por los expertos juristas a este medio apoya lo ya defendido por policía y guardias civiles quienes piden responsabilidades a Interior por una medida que, según defiende, supone un "grave error" y que en nada mejorará el bienestar social. Asimismo, las alternativas con las que cuentan los sindicatos y asociaciones son escasas, según las voces consultadas, la única vía para atacar la ley sería hacerlo a través del Defensor del Pueblo.
