El PSOE esgrimió este lunes la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que activar el artículo 155 de la Constitución ante la apelación por parte de Quim Torra a la vía eslovena para conseguir la independencia -que produjo una guerra de 10 días con 76 muertos- o la inacción de la Generalitat respecto a las acciones llevadas a cabo por los CDR, los denominados Comités de Defensa de la República que cortaron durante 15 horas la autopista AP-7 sin que los Mossos D'Esquadra intervinieran.
La portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña, aseguró que al Ejecutivo "no le va a temblar la mano" cuando se den las condiciones para volver a aplicar el precepto constitucional que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo de PSOE y Ciudadanos tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el Parlament. Ahora, la Abogacía del Estado está estudiando cómo intervenir por la situación creada de inseguridad.
Precisamente, antes de aplicar el artículo 155 para suspender la autonomía, el Ejecutivo del PP ya tuvo sobre la mesa la Ley de Seguridad Nacional como alternativa para detener el referéndum ilegal del 1 de octubre. Dicha norma, aprobada en 2015 con el consenso de populares y socialistas (ya con Pedro Sánchez como secretario general), otorga al presidente del Gobierno la capacidad de dictaminar una "situación de interés para la seguridad nacional" vía Real Decreto e implementar una estructura que garantice "la defensa de España y sus principios y valores constitucionales". Para ello puede nombrar a "una autoridad funcional".
A diferencia de 2017, ahora el 155 ya no es una incógnita. El trámite para su activación, eso sí, es más largo que el de la Ley de Seguridad Nacional. Esta última es la vía más rápida y directa de actuar, pues no requiere que se haga un requerimiento al presidente del Govern como sí necesita la activación del 155 ni tampoco pasar el trámite del Senado. Con esto, el Gobierno podría tomar el control directo y dar órdenes a cualquier órgano de la Administración, como los Mossos.
La norma fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2016 después de un recurso de la Generalitat. En realidad, la medida no suspende la autonomía ni las competencias, sino que decreta una "coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno". Permite asimismo al Gobierno fijar la duración de la aplicación y, en su caso, su "posible prórroga".
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