El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para los cuatro detenidos este lunes en una operación relacionada con el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela así como ha impuesto restricciones al ex embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, que si bien no resultó detenido, está siendo investigado por el mismo presunto delito.
Los cuatro detenidos, entre los que se encuentra el hijo de Morodo, Alejo, han pasado este miércoles a disposición judicial y han comparecido inmediatamente después que el ex embajador ante Pedraz sobre los delitos que se les imputan en relación a los servicios de asesoría por los que habrían estado facturando desde 2008 a altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez.
Según informan fuentes jurídicas a Europa Press, el ex embajador ha respondido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el juez y su propia defensa, en una declaración que ha durado algo menos de 30 minutos y en la que ha negado tener relación con los delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales que se le imputan. Tras escucharle, el juez ha acordado imponerle la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial y la prohibición de abandonar España.
Mismo destino ha tenido su hijo, que ha sido trasladado a la Audiencia Nacional junto a los otros tres detenidos desde las dependencias policiales donde permanecía, y que tras prestar declaración ha quedado en libertad con el pasaporte retirado y la obligación de comparecer cada semana ante las autoridades.
En cuanto a las dos mujeres que fueron detenidas igualmente en la operación, el juez ha acordado la misma libertad con cautelares, aunque en su caso, las comparecencias ante la comisaría o el juzgado más cercano a su domicilio podrán ser cada quince días, de acuerdo a las mismas fuentes.
Las pesquisas tienen su origen en 2015 y parten de una serie de transferencias de dinero que habría recibido Alejo Morodo por servicios de asesoría a altos cargos del Ejecutivo de Hugo Chávez a partir de 2008, justo después de que su padre cesase como representante consular de España en aquel país, dinero que podría haberse blanqueado utilizando una sociedad panameña con cuenta en Suíza.
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