La llegada de la 'Ley Celaá' no contribuye a poner fin a la disparidad de currículos autonómicos, que ha provocado un auge de las ediciones. Así lo constata el sector editorial. "Dos y dos son cuatro, pero el libro de Matemáticas de Madrid no sirve en Castilla-la Mancha", denuncian desde la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele).
En el caso de las regiones con lenguas cooficiales, este tipo de peculiaridades incrementa los costes para las empresas. "Todo lo que es poner en valor las lenguas cooficiales genera costes. Traducir un libro en euskera encarece mucho el proceso editorial", ha señalado este martes el presidente de la asociación, José Moyano, durante la presentación de su informe 'El entorno económico e institucional del sector de libro de texto', elaborado por el catedrático Juan José Durán.
Dependiendo de la región, un mismo contenido puede darse en cursos distintos", denuncian desde ANELE
Según Moyano, "no es de recibo" que la reforma de la educación del Gobierno establezca que un 45% de los contenidos y materias puedan ser definidos por las por las autonomías y un 55% por el Estado. Con la LOMCE era el 35% y 65%, respectivamente. Además, señala que "dependiendo de la región, un mismo contenido puede darse en cursos distintos", acuña.
Según el secretario de la Federación de Gremios de Editores, Antonio María Ávila, en España existe una "tremenda desigualdad" en materia de Educación. "Somos empresas, pero somos un sector administrativizado. Tenemos una multiplicidad de legisladores que están en un estado de excitación permanente: legislan todos los años", lamenta.
Multiplicidad de legisladores
"Existen 17 sistemas educativos distintos, uno por comunidad autónoma, pero el problema es que ninguno de los 17 son sistemas estables", denuncia. Y añade que "los criterios pedagógicos no existen". Como ejemplo destaca las llamadas ayudas directas a las familias para el material escolar. "Algunas comunidades las recogen en una ley, otras en un estatuto, otras tienen órdenes... No es razonable que se legisle sin estudios previos", opinan desde el sector.
"Se está llegando a una tormenta perfecta que hace difícil la planificación de la actividad editorial.
esto tiene un coste económico. Cada comunidad autónoma tiene un calendario de puesta en marcha y de renovación de libros educativos [...] Si no formamos a nuestra población ni les damos educación de calidad, nos espera un futuro muy incierto", opina Moyano.
Por ello, piden un sistema de gratuidad de libros sostenible, equilibrado y nacional que sirva para ayudar a las familias con las rentas más bajas. "El modelo basado en el nivel de renta es el más justo desde el punto de vista social. Establezcamos las ayudas por nivel de renta, es menos lesiva y más adecuada", señala Ávila. Sobre su postura ante la recentralización de las competencias en Educación consideran que "el problema no es recentralizar, sino ordenar". "Cada comunidad hace cosas distintas de las que dicen los órganos centrales. Hay que poner orden y sentido común", zanjan.
Falta de coherencia
El informe constata que las políticas activas de los gobiernos regionales en materia de libros de texto y la falta de consenso y de respuesta del Estado al respecto, han conducido a una situación de segmentación y desigualdad en la enseñanza primaria y secundaria, "la proliferación de normas y su contenido dan la sensación de que, en cierta medida, cada Autonomía quiere diferenciarse, de alguna manera, de las demás".
El catedrático Juan José Durán considera que esta "falta de coherencia del sistema educativo español va ligada a la desigualdad en el gasto por alumno, en los medios para el tratamiento de alumnos con dificultades y también en las inversiones. Se puede decir que los cambios institucionales producidos en las Administraciones regionales no han evolucionado en el mismo sentido de la necesidad de alcanzar altas cotas de eficacia, eficiencia y equidad".
El documento repasa algunos datos de los estudios internacionales sobre el rendimiento académico y señala que estos demuestran que "los resultados en educación no solo se consiguen dedicando un mayor gasto público a su financiación, sino que también cuenta la calidad de la gestión realizada".
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