El juez del caso abierto en el Supremo por el "procés" hacia la Declaración Unilateral de Independencia, Pablo Llarena, en el que se investigan posibles delitos de malversación, entre otros, ha pedido a la Guardia Civil que le aporte documentos sobre el uso de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre.
Además, en el mismo auto en el que solicita estos documentos, el magistrado declara secreta una parte de su investigación por período de un mes, lo que en la práctica significa que aparta del conocimiento de las defensas y acusaciones, y por tanto también de los medios de comunicación, algunos elementos del sumario. El fiscal queda al margen del secreto.
En su auto, Llarena ordena a la Guardia Civil, y concretamente al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, "la aportación de los documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte" a su informe sobre "gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia". La malversación es precisamente el uso desleal de fondos públicos.
El magistrado ya declaró secreta una parte del sumario anteriormente, y levantó la medida el pasado mes de enero porque el objetivo de dicha medida era permitir la sorpresa en unos registros que se realizaron en sedes independentistas.
Se trataba de entradas y registro en busca de documentación y correos electrónicos en las sedes de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, además de en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.
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