El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena esperará a tener traducido íntegramente el auto del tribunal alemán de Schleswig-Holstein antes de adoptar una decisión acerca de retirar o mantener la euroorden dictada en su día contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, según informan a Vozpópuli fuentes jurídicas.
Estas mismas fuentes precisan que el documento le fue remitido al Tribunal Supremo el pasado viernes a última hora y este lunes los servicios de traducción seguían traduciendo la resolución de 22 folios. La previsión es que el magistrado no adopte ninguna decisión definitiva hasta al menos mediados de semana.
Esto se produce después de que los servicios de prensa del tribunal germano anunciasen el pasado jueves que rechazaban la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión o desórdenes públicos por los que venía siendo reclamado por España. En caso de regresar y ponerse al servicio de la Justicia española, tan sólo podría ser investigado por el delito de malversación, según establece el tribunal de acuerdo con los tratados europeos.
Este generaría una situación anómala con el resto de investigado a los que se les interesarían penas mucho más elevadas que al presunto cabecilla del desafío secesionista al Estado llevado a cabo desde las instituciones catalanas.
Las posibilidades de Llarena
Por ese motivo el juez estudia la posibilidad de retirar la orden de detención que dicto en su día y dejarla sin efecto. La consecuencia inmediata es que Puigdemont podría seguir huido, pero sin regresar a España donde sí sería detenido en virtud de las leyes españolas.
La traducción de este tipo de documentos, a pesar de no ser muy extensos, tarda tiempo, según las mismas fuentes, ya que en ella se incluyen términos jurídicos que hay que reproducir fielmente. Vozpópuli tuvo acceso al documento en el que se incluyen algunos reproches a la actuación de las autoridades judiciales españolas.
En la página 10 del auto, además, los magistrados alemanes recomienda a su colega español que se mantenga al margen de disputas políticas ya que el derecho penal debe moderarse ante este tipo de disputas.
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