La oleada de protestas por la sentencia a los cinco integrantes del autodenominado grupo 'La Manada' que les condena con una pena de 9 años de cárcel por abuso sexual y no por violación, es decir, trece menos que los que pedía la Fiscalía, ha reabierto el debate sobre la necesidad de incluir una asignatura de carácter obligatorio en la ESO para tratar temáticas afectivo-sexuales y de igualdad de género, pero también ha puesto sobre la mesa el reclamo de una mayor formación sobre la violencia de género para los jueces.
Castilla-La Mancha ya ha presentado una nueva ley contra la violencia de género que recoge la idea de implantar una asignatura obligatoria
De hecho, este mismo lunes, quince años después de aprobar una normativa pionera contra el maltrato a la mujer en 2001, Castilla-La Mancha ha presentado una nueva ley contra la violencia de género que, además de reconocer a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género como huérfanos de padre, recoge la idea de implantar una asignatura obligatoria con contenidos relativos a educación afectivo-sexual y a la prevención de la violencia de género tanto en Primaria como en Secundaria.
El rol de la escuela
El 'Anteproyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género', nombre con el que han bautizado a la iniciativa va en la línea de las propuestas que han resurgido desde la comunidad educativa tras conocerse la polémica sentencia a los miembros de La Manada. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entiende que el escrito de los jueces hace "preciso" un acuerdo social "para promover la educación sexual en igualdad desde la escuela y profundizar en la formación de los profesionales de la Administración".
Aunque han asegurado "respetar" la decisión judicial, el sindicato docente considera que ese tipo de formación "es más necesaria que nunca". "Tenemos que desterrar de la sociedad conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres y que provocan muertes y violaciones a diario y por tanto se hace preciso un acuerdo social para promover la educación sexual desde la escuela y profundizar en la formación de los profesionales de la Administración en esta materia", dicen. Además, CSIF ha hecho hincapié en que la sentencia "aún no es firme", por lo que pide "un carácter ejemplarizante para que se genere un verdadero cambio en la sociedad, donde no quepa la violencia contra las mujeres.
Programas 'transversales'
Sin embargo, el carácter obligatorio que pueda tener o no esta asignatura genera división entre el profesorado. "No estoy de acuerdo con introducir asignaturas obligatorias sobre todos los aspectos de la vida, es inviable, pero sería ideal que volviera la llamada Educación para la Ciudadanía, porque se introducían contenidos afectivo sexuales y de respeto y tolerancia a la diversidad, trataba muchas temáticas y educaba en valores de todo tipo", explica la orientadora educativa Laura Santos.
Pero recuerda que generó mucha polémica. "Los sectores más conservadores encaminaban estas temáticas a evitar las relaciones sexuales, mientras que los más progresistas entendían que estas eran inevitables y trataban de educar en el respeto al otro y en la prevención de enfermedades", dice.
Los programas de educación sexual buscan que los alumnos entiendan la relación sexual como una forma de comunicación afectiva que debe realizarse dentro del respeto
Actualmente, continúa, en los institutos españoles se trata este tipo de contenido a través de programas de educación sexual desde los Departamentos de Orientación o mediante distintas asignaturas de forma transversal, como pueden ser las del ámbito de las Ciencias Naturales.
Estos programas, explica, buscan que los alumnos desarrollen capacidades como entender la relación sexual como una forma de comunicación afectiva que y que debe realizarse dentro del respeto a la libertad de decisión o entender la sexualidad como una opción personal y, en consecuencia, respetar las diferentes orientaciones sexuales existentes, entre otras.
Obligatoria en Secundaria
Otros ciudadanos han utilizado la plataforma Change.org para lanzar peticiones al Gobierno de una asignatura obligatoria en Secundaria. "En el caso de La Manada, hemos visto las conversaciones que estos jóvenes mantenían por Whatsapp, el tipo de vídeos que compartían, los insultos y la constante humillación que dirigían hacia las mujeres. Estas conversaciones son el reflejo de un sistema más extendido de lo que pensamos", exponen.
"Hay que cambiarlo desde la educación, ya que muchos chicos, por culpa de la cultura de la violación, el fácil acceso a la pornografía y a la prostitución, consideran a las mujeres como simples objetos a merced de sus fantasías sexuales", expone una de las iniciativas.Si contra el bullying hemos empezado a adoptar protocolos y modelos que buscan la prevención, como el programa KIVA importado desde Finlandia, ¿por qué no hacerlo también con la violencia sexual?", plantean.
Formación para jueces
Además de volver a poner sobre la mesa el debate sobre la introducción de una asignatura en las aulas, la sentencia del 'Caso Manada' ha dividido al mundo de la judicatura, entre quienes conciben que la formación de los jueces en violencia de género es más que suficiente y quienes consideran que España debería invertir más en este aspecto.
"Considero prioritario invertir en en formación de jueces y todos los operadores judíricos en perspectiva de género, para valorar e interpretar todos estos hechos delictivos desde la perspectiva de la víctima. Creo que el código penal nos da instrumentos para valorar adecuadamente estas conductas", ha asegurado la fiscal especial de violencia de género, Pilar Martín Nájera en una entrevista para 'Hoy por Hoy'.
La Asociación de Juezas se ha sumado al reclamo de formación específica para los jueces para así "franquear y superar estereotipos en la Justicia". "Los estereotipos son inmunes a las leyes pero quienes juzgamos no somos inmunes a los estereotipos", ha señalado la presidenta Gloria Pelayos en Onda Cero. En 2014, una resolución de la ONU ya recomendó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impartir formación a los jueces para aplicar e interpretar la ley con perspectiva de género.
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