El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se defiende tras el revés del Tribunal Supremo, que este lunes consideró ilegal la devolución de los menores desde Ceuta a Marruecos en verano de 2021, cuando miles de personas irrumpieron en la ciudad autónoma por vías irregulares en plena tensión de las relaciones diplomáticas con Rabat.
Marlaska incide hoy, en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con su comparecencia en la Comisión de Interior, que su Ministerio actuó respetando el "interés supremo del menor" durante las devoluciones desde Ceuta a Marruecos.
"Las autoridades actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor", ha afirmado Grande-Marlaska en breves declaraciones a los medios antes de entrar en la Comisión de Interior.
Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó este lunes que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos fue ilegal por la "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley de Extranjería.
El fallo del Supremo
El Supremo advertía que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que se expuso a estas personas ""se pone a una persona "en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico".
Según detalla el fallo, la Ley de Extranjería exige que se lleve a cabo un procedimiento administrativo individual con información sobre la situación de cada afectado y una audiencia para determinar si el menor tiene madurez, así como la intervención del Ministerio Fiscal. Señala, además, que en este caso la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales.
En el escrito, el Supremo destaca la "gravedad" de los hechos que tuvieron lugar los días 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva e ilegal de unas 12.000 personas, de ellas unos 1.500 menores, y reconocen que ello supuso un "extraordinario reto tanto para el Estado como para dicha comunidad autónoma".
Sin embargo, señala que el debate del pleito versa sobre si el Acuerdo entre España y Marruecos de 6 de marzo de 2007 era suficiente por sí solo para fundamentar la decisión de retorno de los menores a Marruecos. El Supremo establece que este tipo de retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y que el Acuerdo hispanomarroquí, aun siendo una norma relevante y aplicable en el presente caso, "no constituye por sí solo fundamento normativo suficiente para decidir el retorno de los menores".
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