El pacto de 155 medidas del Partido Popular y Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid en los próximos cuatro años, el primero que ambas formaciones suscriben en esta región, incluye varias medidas estrella como extender el servicio del Metro los fines de semana hasta alcanzar las 24 horas, ofrecer transporte público gratuito para los mayores de 65 años o crear una tarjeta sanitaria única para que los madrileños tengan los mismos derechos en toda España.
En el punto 5, por ejemplo, se anuncia la ampliación del horario en los centros hospitalarios para habilitar la apertura de quirófanos en jornada de tarde y los fines de semana, así como la unificación en una sola jornada de todas las pruebas solicitadas por un mismo paciente. Una medida que ayudaría, en especial, a las personas que proceden del medio rural.
Asimismo, junto con la gratuidad del transporte público para los mayores de 65 años, se impulsará la creación del carril Bus-Vao en la A-2, A-3, A-5 y A-42. Sobre la ampliación del horario del Metro Madrid, ambos partidos subrayan que su extensión se hará "progresivamente" a lo largo de la legislatura y que se hará de acuerdo con el Comité de Empresa de la compañía.
Asimismo, ambos partidos acuerdan limitar el mandato del presidente y los consejeros regionales a un máximo de 8 años, al tiempo que se comprometen a impulsar una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados, el Presidente y los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
También asumen un compromiso de “tolerancia cero” con la corrupción política. "Cesaremos inmediatamente a cualquier miembro del Gobierno o alto cargo de la Comunidad de Madrid que esté siendo investigado por delitos de corrupción política", se indica en el texto del acuerdo.
El pacto programático contiene algunos puntos en sintonía con los que Vox lanzó en junio para llegar a una acuerdo de investidura, entre ellos algunos sobre el control parental de la educación de los hijos, el fomento de la familia y la natalidad, la puesta en marcha de auditorías, el control del turismo sanitario o de la inmigración ilegal.
Hoy hemos firmado un acuerdo de gobierno con 155 medidas inéditas para revolucionar las políticas sociales, ayudar a las familias, seguir bajando impuestos y situar a la Comunidad de Madrid a la vanguardia de Europa. Ahora toca estar a la altura. #AcuerdoPorMadrid pic.twitter.com/e4pt3sMtLA
— Ignacio Aguado (@ignacioaguado) July 8, 2019
En el punto 17, por ejemplo, PP y Cs asumen que se garantizará "la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución española", después de que la formación de Santiago Abascal se haya quejado de las charlas sobre LGTBI que se imparten en una parte del sistema educativo.
Eso sí, el partido de Abascal también reclamaba un ‘pin parental’ para que los progenitores pudieran excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones, algo que no aparece en el acuerdo PP-Cs.
PP y C’s hemos firmado 155 medidas para mejorar Madrid y nos hemos repartido responsabilidades para ello. En ese acuerdo hay rebajas de impuestos, Libertad sanitaria y educativa, avances en dependencia, discapacidad... Es un buen acuerdo que recoge medidas sensatas y liberales. pic.twitter.com/cwaE14mV9l
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 8, 2019
En materia económica, el acuerdo entre PP y Cs se centra en la bajada de impuestos, algo que reclamaba Vox, que también pedía suprimir las subvenciones destinadas a “financiar chiringuitos, entes públicos o empresas públicas que tengan carácter ideológico o no respondan a criterios razonables del uso de dinero público, o que supongan una duplicidad de competencias”.
En el pacto firmado por Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso aparece la revisión de la actual estructura del sector público, “eliminando aquellos organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o supongan una duplicidad de competencias”.
En Inmigración, dicho pacto recoge que en el marco competencial autonómico colaborarán con la Administración General del Estado para “favorecer una inmigración ordenada y legal y se garantizará que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración relativa a los extranjeros en situación irregular”. Igualmente, PP y Cs apoyarán la lucha contra las mafias del tráfico de personas y las organizaciones que favorezcan la llegada de extranjeros en situación ilegal.
Acuerdo de Gobierno PP-Cs para la Comunidad de Madrid by Vozpopuli on Scribd
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En otro claro guiño a Vox, el punto 53 del acuerdo de Cs y PP refleja la creación de una Consejería de Familia. El partido de Abascal también quería una Consejería de Familia y Natalidad “para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad”. Desde Ciudadanos se exigía una área para las Familias, en plural, ante las distintas formas que existe para formar un núcleo familiar, pero finalmente decayó tal posibilidad del texto de acuerdo con el PP.
Agradecemos la consideración, pero VOX no necesita tutelas de nadie. Nuestro respaldo en las urnas es todo el aval que necesitamos para defender la voluntad de nuestros votantes en las instituciones.
Del PP lo que queremos es que no admita el apartheid a votos que necesita. https://t.co/US0jIfRlrO— Rocio Monasterio (@monasterioR) July 8, 2019
Curiosamente, entre las 155 medidas del acuerdo -la cifra coincide con el artículo de la Carta Magna que se aplicó para intervenir la Generalitat- hay una mención expresa a dicho artículo. PP y Cs exigirán la utilización "de todos los instrumentos de nuestro Estado social y democrático de Derecho para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia nuestro orden constitucional".
Además, subrayan que "para asegurar la convivencia, la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y espacios públicos, incluida la aplicación del artículo 155 en caso de que el Govern de la Generalitat siga sin acatar las leyes y los requerimientos de los órganos judiciales y constitucionales".
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