La Mesa del Congreso ha avalado este viernes el plan de su presidenta, Meritxell Batet, para dejar en suspenso la actividad de la Cámara mientras dure el estado de alarma por la crisis del coronavirus, pero la decisión no ha sido unánime porque el PP y Vox han votado en contra de 'parar el reloj' de los plazos parlamentarios.
La propuesta que Batet ha sometido a votación en la Mesa en una reunión telemática, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye la previsión de generalizar el voto telemático para evitar desplazamientos de diputados en las sesiones plenarias que haya que celebrar mientras dure el estado de alarma.
La extensión del voto telemático ha sido apoyada por todos los miembros de la Mesa, y donde el PP y Vox se han desmarcado ha sido en el segundo punto del 'plan de hibernación', en el que se suspenden todos los plazos de reglamentarios relativos a iniciativas en curso, incluyendo las preguntas de de control al Gobierno y la presentación de enmiendas.
Suspensión desde el 19 de marzo
La suspensión tiene efectos desde el día 19 de marzo y durará hasta que la Mesa del Congreso decida levantarla. En consecuencia, también se 'para el reloj' de los plazos de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos del Congreso de los Diputados, con efectos desde la entrada en vigor de la declaración de estado de alarma.
La suspensión de plazos ha salido adelante con los votos de PSOE y Unidas Podemos, que suman mayoría en la Mesa del Congreso. La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ya venía asegurando que el Congreso no puede parar sus actividad ni en caso de guerra, mientras que Vox sostiene que suspender los plazos implica "un golpe institucional" porque el Gobierno puede quedar fuera del control parlamentario.
Desde la mayoría que domina la Mesa del Cámara argumentan que esta suspensión de plazos sigue la línea que han aplicado otras instituciones, como el Senado o el propio Tribunal Constitucional, y garantizan que las iniciativas de la oposición para controlar al Gobierno no desaparecen y que el Ejecutivo seguirá teniendo la obligación de responderlas.
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