El incumplimiento del código ético de Podemos puede acabar en los tribunales y aplazar la celebración del congreso de Vistalegre 3. Un grupo de militantes del partido morado está preparando una demanda, tal y como desvela Vozpópuli, contra Pablo Iglesias, Irene Montero, Noelia Vera e Ione Belarra por sumar todos más de un cargo público. El código ético y los estatutos del partido lo prohíben.
Los afiliados piden al juez aplicar medidas cautelares porque, sostienen, las candidaturas se formalizarán este lunes, tan solo dos semanas antes de la celebración del nuevo cónclave morado, previsto para el día 21. La petición de los demandantes exige el cumplimiento de la normativa interna, ya que consideran que debe “ser aplicada a todos los afiliados por igual”, según señalan fuentes conocedores de dicha iniciativa.
En su demanda esos militantes detallan que, de llevarse a cabo una votación ante un incumplimiento de los estatutos, se vulneraría el derecho de otros candidatos a competir en igualdad de condiciones por la secretaría con Iglesias.
Mencionan la Ley de Partidos Políticos como amparo legal. Dicha norma (6/2002) decreta en su artículo octavo que "los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias". O sea, que todos los miembros y afiliados de Podemos tienen la obligación de respetar los estatutos y sus normas internas.
Solo un cargo público
El código ético al que hacen referencia los demandantes sella de manera clara la prohibición de sumar cargos públicos. El artículo XI habla de “limitación para el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución”.
En Vistalegre 2, además, Podemos adoptó un documento organizativo que establece el siguiente compromiso interno: “Consideramos imprescindible establecer un límite claro a las responsabilidades que se pueden tener en la organización, restringiendo los cargos de dedicación intensiva en Podemos a un máximo de dos, uno interno y otro externo”.
De acuerdo con esos documentos, el grueso de la cúpula morada estaría incumpliendo las normas internas del partido. Iglesias, por desempeñar el cargo de vicepresidente segundo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y a la vez el de secretario general de Podemos y diputado. Irene Montero suma los de Ministra de Igualdad y diputada; mientras que Vera y Belarra son diputadas y secretarias de Estado, respectivamente en las áreas de Igualdad y Agenda 2030.
Medidas cautelares urgentes
Uno de los puntos importantes de la demanda atañe a la petición de medidas cautelares urgentes. Los militantes de Podemos entienden que la convocatoria de Vistalegre 3 se adelantó para limitar el plazo en que la cúpula morada podía incurrir en una irregularidad.
“Resulta especialmente grave que unos candidatos incumplan las normas internas del partido” y que “puedan modificar dichas normas una vez hayan sido elegidos”, añaden. La cúpula de Podemos, de hecho, ya ha anunciado su intención de modificar esas normas en el próximo Congreso. La modificación prevista del código ético también afecta la limitación salarial.
De admitirse a trámite la demanda, no se descarta que el juez declare que el Congreso de Vistalegre 3, previsto para el 21 de marzo, pueda tener que suspenderse. Se trataría de un varapalo notable para el partido porque dejaría en el aire la resolución sobre el papel de Iglesias y los suyos como miembros del gobierno y diputados.
Varias fuentes de Podemos consultadas sostienen que Iglesias y los suyos decidieron sumar varios cargos públicos por desconfianza hacia Sánchez. Podemos teme que Sánchez pueda reformular su gobierno durante la legislatura, y si Iglesias y sus ministros dejan el escaño de diputado, perderían todos los cargos públicos y la remuneración correspondiente.
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