Pedro Sánchez y Carles Puigdemont conducen esta legislatura un coche que se dirige a toda velocidad hacia un precipicio mientras dos jueces, Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, les pisan los talones. La política española está replicando la mítica escena de Thelma y Louise. El camino está lleno de baches y bandazos. El último lo dio este martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que volvió a blandir la bandera del respeto a los jueces. Moncloa está frenando ahora los ataques a los togados ante el temor de que terminen con la legislatura tras varios días señalándoles por injerencia política.
El núcleo duro del Ejecutivo es consciente de que el tiempo de vida del gobierno de coalición depende de los tribunales y de cómo apliquen la ley amnistía, si es que termina habiéndola. Porque en estos momentos solo hay un hecho claro: que el PSOE y Junts tendrán, finalmente, quince días más a partir del próximo martes para lograr un acuerdo que desbloquee la medida de gracia. Puigdemont también sabe que los jueces son quienes tienen la capacidad de dinamitar todo y, por eso, se anticipa.
El expresidente catalán fugado de la Justicia no quiere "agujeros" en la ley. Y exige a los socialistas dos últimos cambios que le blinden sí o sí de los jueces que le siguen la pista: el borrado total de los delitos de terrorismo y traición de las exclusiones de la amnistía. Pero Sánchez, de momento, no se atreve a tanto. No quiere levantar suspicacias en Bruselas, donde la ley de amnistía se ha recibido con recelo y más tras trascender la supuesta conexión entre Puigdemont y Moscú; algo que irrita sobre manera a los dirigentes comunitarios. El problema es que el expresidente catalán no tiene intención de bajarse de la burra. O se salva él o no se salva nadie; una posición de máximos que ya utiliza ERC para bombardear a su archirrival Junts, con quien se disputa la hegemonía del independentismo.
Nada de indulto, solo amnistía
El Gobierno es consciente de que, obviamente, no puede controlar a los jueces e intenta trasladárselo a Puigdemont. El Estado de derecho no puede vulnerarse. Pero en Waterloo creen que el PSOE ha intentado colarles un gol, porque consideran que sabían el hueco que se abría en la ley si se reabría la supuesta trama rusa del procés. Y, ante eso, Puigdemont no va a alumbrar, en modo alguno, una amnistía que le pueda llevar a la cárcel. Él, además, no quiere indulto; quiere la medida de gracia para pisar Cataluña después de casi siete años y emular al también expresidente catalán Josep Tarradellas.
El Gobierno se encuentra en una encrucijada. El cerebro jurídico de la amnistía, el ministro Bolaños, sigue a los mandos de la negociación con el equipo jurídico de Junts, liderado por su abogado, Gonzalo Boye, quien cree que si se vota la norma tal y como está, se verán afectados todos. "Unos parten de Puigdemont y de Rovira; otros, de las veintiséis personas [de Tsunami], y yo, de la grieta de la que hablaba. En esta grieta caeremos todos. Si abren esa grieta, entraremos todos, y el día de mañana, todos terroristas. Y los partidos a los que pertenecen los dirigentes de esta supuesta trama terrorista se verán enfrentados a una posible ilegalización", presagió en una entrevista en el digital Vilaweb. Y zanja: "La ley estaba bien, pero sabíamos que habría una segunda partida. Y cuando existe esta partida, la analizamos técnicamente y decimos que las respuestas técnicas son ésta, ésta y esta otra. Y esto es lo que hemos hecho".
Ingeniería legislativa una vez más
Toca, pues, a Bolaños, tirar de ingeniería legislativa una vez más. Por el momento, las únicas pistas que lanza es que la ley "entró impecable y constitucional y así saldrá". En plata: una vez más, Moncloa se abre a retocarla. Pero extremando todas las precauciones posibles. Entre tanto, el tándem Moncloa-Ferraz prepara ya las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Esos comicios, los primeros desde que el presidente mostró su voluntad de amnistiar a los independentistas catalanes con tal de permanecer en el Ejecutivo, serán el primer test para calibrar el daño que la medida de gracia está provocando en las expectativas electorales del PSOE.
En la planta noble de la sede socialista no perciben con un desgaste preocupante. Pero la 'nacionalización' de la campaña que planteó el presidente se le puede volver en contra si el monotema es la amnistía. Y, en especial, si gira sobre los marcos que le imponga Junts. Por eso, si algo ganaron este martes ambos partidos es tiempo para seguir negociando. Fuentes de la estricta confianza del presidente consideran, en conversación con este diario, que la ley amnistía, la clave de bóveda que sostiene la legislatura, terminará saliendo adelante. Aunque está claro que llegados a este punto de bloqueo, alguno de los dos tendrá que ceder. Pero ninguno parece dispuesto.
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