Una jugada maestra. El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar coló dos cambios legislativos que pasaron totalmente desapercibidos para la oposición y que, de facto, acortarán las penas de prisión a, al menos, 40 etarras. La norma, pendiente ahora del visto bueno del Senado, recoge una de las reivindicaciones históricas de Bildu para liberar a los etarras que cumplieron condenas en Francia. El PP, tras darse cuenta de la situación, ha advertido de que la tumbará con su mayoría absoluta en la Cámara Alta.
El Congreso aprobó en septiembre el proyecto de ley por el que se modifica la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales. Se trataba, en teoría, de la transposición de una directiva europea. Y así lo vendió el Ejecutivo, el pasado 12 de marzo, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley.
Pero fue ya durante su recorrido parlamentario cuando se introdujeron ambos retoques: la derogación de la disposición adicional única ("en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010"), así como un retoque en el artículo 14.1 con un efecto directo en el cómputo de las penas.
Tanto los abogados de los etarras como Bildu se han pasado 9 años reclamando la eliminación de la disposicional adicional única para que se pudiera descontar a los presos el tiempo que hayan pasado en las prisiones francesas. Esta disposición fue añadida por el PP de Mariano Rajoy precisamente para impedir que los condenados antes de agosto de 2010 -la banda anunció el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011- pudieran beneficiarse de un cómputo de penas más favorable.
Como ha adelantado El Confidencial, aunque el Consejo de la UE zanjó que debían considerarse las condenas entre los países miembros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbó la esperanza de los etarras por vía judicial en 2018 y le dio la razón al Ejecutivo de Mariano Rajoy en su intento de evitar que los terroristas condenados se beneficiaran. El Gobierno de Pedro Sánchez, en un primer momento, remitió al Congreso un anteproyecto que no contenía tal concesión. Pero hizo la vista gorda durante su tramitación parlamentaria.
Moncloa impulsó ese proyecto por la vía de urgencia, por lo que pudo eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Y eso que la norma tiene efectos directos de importancia en el Código Penal. Los retoques se introdujeron en la Comisión de Justicia, donde la ley llegó el 20 de junio y donde estuvo un total de 82 días en trámite hasta que arribó al Pleno de la Cámara para su deliberación y posterior votación. Allí contó con el respaldo de 346 diputados y la abstención de cuatro.
Uno de los temas más sensibles en la relación entre el PSOE y Bildu es la política penitenciaria, particularmente en relación con los presos de ETA. Aunque nunca ha habido un acuerdo formal en este sentido, Bildu ha mantenido una presión constante para conseguir el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas y navarras.
Y hay que reseñar que en los últimos años ha habido avances significativos con el traslado de, al menos, 377 etarras a cárceles más cercanas al País Vasco. Si bien el Gobierno siempre ha defendido que estas decisiones responden estrictamente a criterios penitenciarios y legales, Bildu ha interpretado siempre estos movimientos como un resultado de su presión política. Y así lo vende en Euskadi, donde tiene un abultado respaldo electoral (es segunda fuerza, pisando los talones al PNV).
Lo cierto es que el PSOE ha convertido a Bildu en un aliado estable. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin mencionar a los abertzales explícitamente, les ha dado las gracias por ello en el Congreso en varias ocasiones. Parte de los herederos políticos de ETA han apoyado al líder socialista en varias ocasiones: desde su investidura, pasando por tres Presupuestos Generales del Estado, el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Vivienda, la reforma laboral, las mejoras para las empleadas del hogar, la Ley de Igualdad de Trato, la Ley de Memoria Democrática y la semana pasada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que Sánchez ha transigido al abrirse a eliminar el uso de las pelotas de goma y limitar la autoridad de los agentes.
Parece que hace una eternidad, pero no hace tanto. El 17 de diciembre de 2019, el PSOE posó con Bildu en el Congreso por primera vez. Por aquel entonces, en Ferraz aún causaba pánico cualquier acercamiento a la izquierda abertzale tras décadas de terrorismo etarra. La banda asesinó a 12 miembros del partido. Y la imagen de Adriana Lastra, entonces portavoz socialista en el Congreso, y Rafael Simancas con sus homólogos abertzales Oskar Matute y Mertxe Aizpurua era incómoda. Pero la segunda investidura de Pedro Sánchez era causa de fuerza mayor. La cara del hoy secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo decía todo. Era un poema. Casi cuatro años después, Pedro Sánchez se sentó con Bildu junto a Santos Cerdán en el Congreso para atar su elección como presidente del Gobierno.
El viaje del PSOE con la izquierda abertzale ha sido largo. Pero ha sido. Si para el hoy repudiado exvicepresidente Alfonso Guerra, el PP lleva años viajando al centro ("imagínense de dónde vendrían", apostillaba), Ferraz no se queda atrás con los herederos políticos de la banda terrorista. Sánchez no concibe un acuerdo de gran coalición con el PP para gobernar España y evitar los peajes del nacionalismo y el independentismo. El PSOE actual nunca tragará con esa porque sabe, como dijo el propio presidente en funciones en un diario italiano en 2020, que la socialdemocracia española terminaría entonces igual que el PASOK griego, borrado del mapa tras pactar con Nea Demokratia, el PP heleno.
¿Cuál es la solución, entonces? La alianza con partidos de izquierda, aunque sean beligerantes con el régimen constitucional de 1978 que el PSOE instauró en gran medida. La cúpula socialista ya no teme pactar con Bildu. En Ferraz saben que los abertzales buscan la hegemonía en Euskadi a costa del PNV. Y no les preocupa que la consigan. En verdad, según sintetizan a este diario varias fuentes socialistas de peso, "el PSOE comenzó a restar importancia a las fotos y pactos con Bildu cuando se dio cuenta de que no le penalizaban electoralmente". Es más, el resultado de las elecciones generales del 23 de julio es un punto a favor de esta tesis. Y es que buena parte de los votos a las fuerzas independentistas se fueron al PSOE no solo en el País Vasco, también en Cataluña. Una vez bendecidos, los pactos con Bildu ya no asustan en Ferraz.
El Gobierno defiende la norma
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de "pacífica" y "unánime" la modificación de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, podría beneficiar hasta 44 miembros de ETA que podrán descontar la condena que ya han cumplido en Francia, y hasta siete etarras podrían ser excarcelados en los próximos meses. Así se ha pronunciado Bolaños a la salida de su primera reunión institucional con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, al ser preguntado por la prensa sobre por qué el Gobierno ha "apoyado una reforma que permite acortar las penas de prisión de terroristas como 'Txapote'".
Bolaños ha defendido que se trata de una iniciativa que "está en tramitación parlamentaria" en la que "nada" tiene que ver el Gobierno. "(Es) una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España", ha apuntado.
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