El Gobierno de Rajoy considera imposible la celebración del referéndum separatista en Cataluña. La maquinaria política y judicial está en marcha y a pleno rendimiento. Ni un paso de los independentistas escapa a la respuesta de las instituciones. Abogacía del Estado, Fiscalía, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional tienen en el punto de mira cada paso de la Generalitat para organizar la consulta. Un auténtico asedio que empieza a pasarle factura al Gobierno catalán.
'Junts pel Sí ya ni están juntos ni saben de qué va el sí', comenta una fuente de Moncloa, muy al tanto de los planes secesionistas. La coalación de Gobierno formada por Pdecat y ERC evidencia ya públicamente sus tensiones y discrepancias. Tras un encontronazo entre la portavoz Nweus Munté y la secretaria general de ERC sobre movilizar a prados para llevar a cabo la consulta, Carles Puigdemont, tuvo que reunir de urgencia, en la tarde del martes, a los altos cargos de ambos partidos para transmitir un mensaje de unidad e insistir en que el plebiscito sigue adelante. Pocos se lo creen. En privado, el propio president ha mostrado abiertamente sus dudas. Los autos y sentencias que llegan desde el Supremo y el Constitucional, que le ha costado ya la inhabilitación a figuras tan destacadas de la antigua Convergencia como Artur Mas y Francesc Homs, hacen temblar a la Generalitat.
Un aviso y una amenaza
El último recurso del Gobierno central ante el TC, en contra de los presupuestos catalanes que incluyen fórmulas para financiar el plebisicto, ha provocado enorme inquietud. La novedad de la acción del Ejecutivo central estriba en que esta iniciativa se ha comunicado no sólo a los miembros del Ejecutivo catalán, sino también a los altos funcionarios que tomarán parte en la administración de los presupuestos. Una advertencia en toda regla en el caso de que el 'proceso' derive de nuevo en comparecencias ante los tribunales de sus responsables. Nadie podrá ahora esgrimir desconocimiento. La desobediencia podría alcanzar penas de dos años de cárcel.
Oriol Junqueras, jefe de filas de los republicanos, no se muestra muy partidario del referéndum. Su proyecto político, que pasa por sentarse en el despacho de la Generalitat, se encamina más bien hacia unas elecciones anticipadas, quizás en otoño. Puigdemont, quizás para frustrar estos planes, le encargó la puesta en marcha de todos los trámites del plebiscito, con grave riesgo de una inhabilitación. De momento, Junqueras no ha cursado una sola orden por escrito. Las urnas, por ejemplo, cuestión rucial y delicada, aún no se han encargado, ni han salido a concurso. El líder de ERC le ha transmitido una orden verbal a la consejera de Interior, miembro de Pdecat. Meritxel Borrás ha respondido que sin unas instrucciones por escrito no va a mover un dedo. Junqueras sigue inmóvil. Otro choque en el seno del Gobierno catalán, cada vez más asfixiado, sin salida y al borde de la parálisis.
Una renuncia en puertas
En Moncloa sospechan que la única salida al actual embrollo es la renuncia a seguir con los planes del plebisicito y poner en marcha las elecciones. Hay incluso un calendario. Desestimiento del referéndum antes del verano y elecciones en octubre, según estas fuentes. La gran pregunta es qué excusa esgrimir para justificar la no celebración de la consulta, después de tres largos años de propaganda, despliegue político, actividades insistentes y compromiso formal con el sector de la población secesionista.
Circula ya la versión de que los funcionarios que han de movilizar la consulta podrían negarse, al igual que hicieron en su momento los letrados del Parlament. "No podemos poner en riesgo ni a los Mossos ni a los empleados públicos", se escucha en fuentes de la Generalitat poco partidarias de seguir adelante con el proceso de la independencia. Sería la única forma de no darle armas a la CUP, el tercero en discordia y, ahora mismo, sostén del Ejecutivo de Puigdemont.
El choque de trenes no será entre Madrid y Cataluña, como vienen anunciando desde hace años los apóstoles de la independencia. De momento, los únicos encontronazos serios que se están produciendo tienen lugar entre los partidos que integran el 'Govern'. El proceso está a punto de saltar por los aires, apuntan desde Moncloa. La gran incógnita es que no se sabe qué es lo que quedará en pié.
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