El Gobierno desprecia las críticas de los socialistas Emiliano García-Page y Javier Lambán al pacto fiscal suscrito entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de Cataluña. "Son opiniones que ya las hemos leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas. No son compartidas", ha espetado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Según el presidente de Castilla-La Mancha, el preacuerdo entre ERC y el PSC para la investidura, que contempla "un concierto económico solidario" en Cataluña, es una "grave atentado a la igualdad". "A estas horas de la noche, el atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo [...] O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", dijo en la noche del lunes en la red social X.
En la misma línea ha ido el expresidente aragonés y aún secretario general del PSOE en esta comunidad. Lambán cree que el acuerdo supone "una quiebra brutal" de la igualdad entre todos los españoles. "El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa. El acuerdo con ERC es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español me resulta inadmisible", ha escrito también en la red social X.
El Gobierno, a través de su portavoz, se ha limitado a celebrarlo: "Es un triunfo del diálogo, del acuerdo, y queremos mostrar la satisfacción del Gobierno por lograr este acuerdo, que es una victoria de la política útil. Lo que tenemos sobre la mesa en estos momentos es un preacuerdo. Y quiero ser respetuosa con los tiempos y los procesos internos de otros partidos [en referencia a ERC, cuya militancia vota este viernes el contenido]".
Los militantes de ERC están llamados el viernes a votar si apoyan el pacto con el PSC, que incluye, según los republicanos, una salida progresiva del régimen de financiación común de las comunidades autónomas, medidas para proteger y promover la lengua catalana, una convención para resolver el conflicto político con el Estado y la posibilidad de reconocer a las selecciones deportivas catalanas.
El acuerdo para la financiación pasa porque la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña, empezando por el IRPF del ejercicio 2025 –que se liquidará en 2026–, y el establecimiento de una cuota de solidaridad con el resto de territorios del Estado español, que incluirá una partida por los servicios prestados del Estado en Cataluña.
Para conseguir este nuevo sistema, que rompe con lo que está en vigor y dotaría a Cataluña de un mecanismo “muy similar” al concierto de Navarra y el País Vasco, son necesarias modificaciones legislativas como la de la Ley orgánica de la financiación de las comunidades autónomas (LOFCA). No obstante, algunos socios del Gobierno en el Congreso, como el representante de Chunta -integrado en Sumar- ya han advertido de que no están dispuestos a aprobar esta cesión en el Congreso. ERC ya ha invitado a Junts a "sumarse" al acuerdo y a ser "partícipes de las mayorías que se necesitan en el Congreso". Asimismo, los republicanos descartan que el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda influir en la consulta a las bases republicanas. En el Gobierno se hace la misma valoración. Moncloa no entra a valorar si quiera la posibilidad de que Puigdemont regrese a España y pueda ser detenido. Esa es la única gran baza que le queda para dinamitar el pacto y forzar una repetición electoral.