Política

Moncloa pierde el relato internacional e incorpora a 'The Economist' como medio que "reproduce bulos de la derecha"

El Gobierno se enroca ante las críticas y sale en tromba contra la revista británica de referencia en el mundo financiero

Esa pregunta que espanta al PSOE
Santos Cerdán, Pedro Sánchez y María Jesús Montero Europa Press

Moncloa ha perdido una batalla importante: la del relato internacional. El prestigioso semanario británico 'The Economist' destripó en un artículo al presidente del Gobierno en poco más de mil palabras encabezadas por un titular que ha indignado a buena parte del Ejecutivo: "Sánchez se aferra al poder a costa de la democracia española". Varios ministros, en conversación con este diario, no han dudado en arremeter contra la publicación, a la que directamente califican como un medio que "reproduce los bulos de la derecha patria".

El equipo del presidente ha decidido incorporar a 'The Economist' al elenco de publicaciones que desinforman, supuestamente, al servicio de las conspiraciones de la derecha judicial y política. Uno de ellos se ríe abiertamente: "Parece que lo ha escrito [Miguel] Tellado [portavoz del PP en el Congreso]". La airada reacción de los primeros espadas del Gobierno evidencia el cabreo que ha generado el artículo en el palacio presidencial.

La defensa de Moncloa, queda claro, es un ataque. Exactamente el mismo que lleva practicando contra la prensa española también crítica con el Gobierno; la que se hace eco de los escándalos que le asedian: desde la imputación de Begoña Gómez, pasando por la amnistía y los peajes del gabinete de Pedro Sánchez al independentismo, y terminando con la colocación de en los principales organismos públicos del país de personas afines al PSOE y a su secretario general. Esas, además, son las mismas críticas que escribe el artículo, porque argumenta que constituyen una merma de la calidad democrática del país.

Fuentes gubernamentales reconocen que el artículo no ha sentado nada bien al presidente Sánchez, siempre dispuesto a entablar buenas relaciones con la prensa internacional. El equipo de persuasión de Moncloa gusta de tildar a Sánchez de "actor global" con un peso internacional relevante que, se afanan en explicar, ha devuelto a España al lugar que le corresponde.

Uno de los pocos ministros que se posicionó en público sobre el tema fue Óscar López. El titular de Transformación Digital dijo: "España es una democracia plena y la única amenaza que tiene la democracia española hoy es la ultraderecha, la misma amenaza que comparten todas las democracias europeas. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un Plan de Acción por la Democracia para combatir a todos los difusores de bulos, a la extrema derecha, a esos mensajes ultras, a las fake news. De todo eso hablaremos hoy aquí, de cómo se difunden esas fake news y cuánto daño hacen a las democracias, no sólo en España, también en Europa y en EEUU".

No sorprendió a nadie que se agarrara de nuevo al mantra de los bulos. La amnistía, que es uno de los temas que se desgranan con detalle, también se utiliza para atizar a uno de sus principales autores intelectuales: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien siempre se escudó en la Comisión de Venecia para defender el proyecto de ley.

"El carácter arrollador de la amnistía (que se aplica tanto a los alborotadores como a los políticos) y su aprobación por los pelos, sin demasiado debate público, volaron en contra de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, órgano consultivo europeo sobre el Estado de derecho. Todavía se enfrenta a varios desafíos legales", martillea 'The Economis'.

Pero en Justicia se defienden: "Ese argumento para criticar la amnistía es una broma. ¡Que no hubo debate! La ley más debatida de la Historia. Antes de que hubiese texto ya había informes, por ejemplo del CGPJ. No dice que la Comisión dijo que no afecta a la igualdad ni a la separación de poderes. Y que se aprueba en todos los países, con o sin previsión constitucional", explican altas fuentes del departamento que dirige Bolaños.

La coalición, compuesta por PSOE y Sumar, impulsará hasta 31 medidas bajo el eufemismo de "regeneración democrática" que, entre otros aspectos, impulsará la definición de qué es un medio, creará un registro con su financiación, controlado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia -un órgano que no está compuesto por profesionales de los medios- y que no tiene su independencia garantizara al ser elegida por los partidos en la Cámara Baja y controlará el reparto de publicidad institucional.

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez decidirá por sí mismo "qué es un medio de comunicación" y "quiénes son los verdaderos profesionales" en este sector, una vez esté ya vigente el plan de regeneración democrática. Y todo con el fin de evitar lo que el Ejecutivo considera "bulos" que menoscaban la calidad de la democracia. El propio ministro Félix Bolaños explicó que el Gobierno está decidido a hacer tres reformas legislativas que afectarán directamente a la libertad de expresión y al sistema de medios. Dos de ellas serán dos reformas de las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y a la rectificación.

De esta manera, Moncloa quiere que los medios de comunicación tengan el deber de publicar con carácter anual el volumen de inversión publicitaria que reciben por parte de todas las administraciones públicas. Y que lo hagan de "forma visible, clara e independiente". El Gobierno también intentará reformar la ley de publicidad institucional para que los sistemas de medición audiencias cumplan "criterios de transparencia" para que no falseen sus datos de audiencias y hacer así "más justo" el reparto de la publicidad.

Pero, sobre todo, para lo que Moncloa considera "pseudomedios" no reciban financiación. Es decir, que el Ejecutivo pondrá límites a los ingresos que las administraciones pueden destinar a los medios "para que no haya medios impulsados directamente por ellas", según ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Por contra, sí se destinarán fondos específicos a medios de comunicación plurilingües. Es decir, a los que realicen su actividad en las lenguas cooficiales. Ese plan no afectará a 'The Economist'.

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