Fuentes gubernamentales de alto nivel, en conversación con Vozpópuli, se lavan las manos de la rebaja de penas a los etarras que el Gobierno coló en la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que tenía como objetivo transponer una directiva europea. El Ejecutivo no se responsabiliza y reitera que "no está" en el Congreso pese a que tiene interlocución directa con las Cortes a través del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, y del secretario de Estado del ramo, Rafael Simancas.
El propio Bolaños dijo este lunes que la modificación de la norma es "pacífica" y "unánime", porque la votaron el mes pasado 346 diputados -de 350- que, sobre el papel, no se dieron cuenta de que estaban aprobando tan polémica medida. El ministro de Justicia se parapetó en que se trata de una iniciativa que "está en tramitación parlamentaria" en la que "nada" tiene que ver el Gobierno.
"[Es] una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España", apuntó el titular de Justicia. Ahora, el PP se ha llevado las manos a la cabeza e intentará, de manera estéril, que no se apruebe. Pero terminará en el BOE y permitirá que más de cuarenta etarras vean rebajadas sus penas al contar su periodo de reclusión en prisiones francesas.
Existe consenso académico suficiente en la Ciencia Política como para afirmar que España adolece de una excesiva influencia de los partidos políticos. En las últimas cuatro décadas del periodo democrático vigente han acumulado demasiado poder sobre aspectos clave del sistema democrático y tienen gran capacidad para controlar buena parte de las instituciones.
Esta situación ha agrietado los muros de la separación de poderes. El PSOE (y el resto de partidos) lo utiliza en su beneficio. Aunque cuando le conviene recurre, precisamente, a la separación de poderes de marras para desentenderse de lo que no le interesa y decir algo así como 'yo no he sido'. Pero lo cierto es que el máximo responsable del PSOE, quien además dirige a 121 diputados en el Congreso, es el presidente del Gobierno, que también es diputado.
Bastan algunos apuntes sobre los hechos para constatar que Moncloa, en cierta manera, ha podido contribuir a que los diputados no disertaran sobre esta reforma legal de calado que afecta al Código Penal. El Congreso aprobó en septiembre el proyecto de ley por el que se modifica la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales. Se trataba, en teoría, de la transposición de una directiva europea. Y así lo vendió el Ejecutivo, el pasado 12 de marzo, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley.
Pero fue ya durante su recorrido parlamentario cuando se introdujeron dos retoques vía enmienda que ni siquiera impulsaron los abertales, sino Sumar: la derogación de la disposición adicional única ("en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010"), así como un retoque en el artículo 14.1 con un efecto directo en el cómputo de las penas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, en un primer momento, remitió al Congreso un anteproyecto que no contenía tal concesión. Pero hizo la vista gorda durante su tramitación parlamentaria. Moncloa impulsó ese proyecto por la vía de urgencia, por lo que pudo eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Y eso que la norma tiene efectos directos de importancia en el Código Penal. Los retoques se introdujeron en la Comisión de Justicia, donde la ley llegó el 20 de junio y donde estuvo un total de 82 días en trámite hasta que arribó al Pleno de la Cámara para su deliberación y posterior votación.
