El Consejo de Ministros ha resuelto este viernes llevar ante el Tribunal Constitucional "determinados preceptos" de la ley de Presupuestos catalana de 2017, aprobada recientemente por la mayoría independentista del Parlamento autonómico. El Gobierno recurrirá la disposición adicional 40 y tres partidas presupuestarias destinadas a sufragar el referéndum de autodeterminación que la Generalitat planea convocar en septiembre. Además, demanda al TC que "suspenda automáticamente" esas partes de la norma y ponga así imposible a Carles Puigdemont financiar la consulta. El recurso incluye la petición de que se comunique personalmente la medida, en caso de que finalmente se tome, a una serie de cargos catalanes, incluido el presidente de la Generalitat.
Así lo ha informado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en comparecencia tras la reunión semanal del Gabinete. Santamaría ha criticado "los extremos en los que está trabajando" el secesionismo catalán, que alumbró dos enmiendas distintas al Presupuesto para financiar el referéndum y se saltó la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró contrario al Estatuto y a la Constitución un movimiento así. "Ninguna de estas dos enmiendas solventaba la inconstitucionalidad" detectada por dicho órgano, ha destacado la vicepresidenta, y sin embargo "se aprobaron las dos, un hecho realmente inédito". "La aplicación del derecho por parte del Parlament se está convirtiendo en una cosa no muy comprensible", ha añadido.
Una vez publicada la norma presupuestaria en el Diario Oficial del Parlamento de Cataluña, el Gobierno solicitó un informe al Consejo de Estado para recurrir al TC. Este llegó ayer, recomendando recurrir las partes ya señaladas. "Los motivos son los que ustedes conocen": se "vulnera la competencia exclusiva del Estado" en materia de convocatoria de referéndums y son unos Presupuestos contrarios a los artículos 1.2, 9.1 y 168 de la Carta Magna.
Moncloa ha hecho uso de la potestad de pedir al TC la "suspensión automática de los preceptos impugnados", cosa que diferencia su recurso del que han anunciado los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos. Además de a Puigmont, Moncloa quiere que se le notifique esa suspensión, si se produce, a los consejeros del Gobierno autonómico, al secretario del mismo, a la secretaría de la Vicepresidencia, a la interventora de la Generalitat, a la directora de contratación y al director general de Presupuestos. "Solicitamos que esa notificación advierta a todos del deber de paralizar" sus planes secesionistas y de las "responsabilidades" que acarrearía no hacerlo, ha remarcado Santamaría.
"No van a ningún sitio y, lo que es más importante, cada vez les acompaña menos gente", ha continuado. Para el Gobierno, "el referéndum no va a ningún lado, vulnera la Constitución y vulnera la legalidad", "lo ha dicho el Tribunal Constitucional" y también "las propias instituciones de autogobierno de Cataluña". Deben "reflexionar", ha concluido la vicepresidenta.
