No hay manera. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha desperdiciado este jueves otra oportunidad para explicar en el Congreso en detalle los pormenores del cupo catalán que Moncloa firmó con ERC a cambio de la presidencia de la Generalitat para el socialista Salvador Illa. Se podría decir que ha añadido incluso más confusión.
La responsable de la caja económica del país ha comparecido durante 35 minutos, como ya hizo en el Senado, y se ha limitado a defender la constitucionalidad del acuerdo y a atizar al PP. Porque el Ejecutivo está decidido a utilizar la financiación autonómica y el concierto con Cataluña -dos temas que le perjudican- para dividir y horadar al principal partido de la oposición y a sus barones, que gobiernan en casi todo el país.
Eso sí, Montero ha pedido al PP que se tome el pacto fiscal como un estímulo para sellar un acuerdo con el Gobierno sobre financiación autonómica cuyo modelo, de 2014, está caduco. La vicepresidenta no quiere una confrontación entre territorios, aunque Moncloa lo esté avivando por culpa de la bilateralidad con la que se relaciona con Cataluña. Y eso que el aparato de persuasión del Gobierno haya intentando desactivar esa crítica citando al resto de presidentes autonómicos al palacio presidencial.
La también vicesecretaria general del PP ha dedicado gran parte de su exposición inicial a atacar al PP por desdeñar este acuerdo fiscal con ERC. Y ha vuelto a reprochar a los populares su negativa a apoyar la senda de estabilidad que se debía haber votado este jueves y que no se someterá al escrutinio de los diputados porque el Gobierno la retiró para ganar tiempo de negociación con Junts. No deja de ser llamativo cómo el equipo de Sánchez pide al PP que arrime el hombro pero ni le llama ni se acerca. El presidente ha elegido la vía de Junts.
Montero se ha centrado en leer unos extractos del pacto suscrito con ERC, que luego ha resumido asegurando que deja claro que "no solo la solidaridad interterritorial debe existir", sino que también "se tiene que garantizar un nivel de servicios públicos en todo el Estado". Aunque, ha añadido, debe haber un nivel similar en el caso de que las comunidades hagan un mismo esfuerzo de recaudación fiscal. Esa es una de sus principales críticas a las comunidades gobernadas por el PP, especialmente la madrileña, que "con una mano bajan impuestos y con la otra piden más recursos al Gobierno".
En este contexto, ha denunciado el "bandazo" de los 'populares' a reclamar un fondo transitorio para algunas comunidades, mientras critican que Cataluña salga del régimen común. Y todo porque Montero asegura que este fondo de nivelación también recoge singularidades. Del mismo modo, la ministra ha reiterado una vez más que el acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña comience a recaudar el cien por cien de los impuestos es "público", después de que el PP y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijeran que no conocían este texto. Pero es una trampa, porque lo que es público es una nota, no su forma de implementación.
El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha sido el encargado de encararse con Montero, a quien ha acusado de haber vendido a los andaluces (y al resto de españoles) con el acuerdo sobre el cupo catalán. Bravo también le ha preguntado hasta cuándo piensa soportar las humillaciones de Junts para que Pedro Sánchez pueda seguir sobreviviendo políticamente.
Hace poco más de una semana que Sánchez puso encima de la mesa directamente 5.000 millones para comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y cabildos. Aunque les advirtió de que ese dinero solo llegará a sus cuentas si los grupos parlamentarios votan unos nuevos Presupuestos.
Moncloa, una vez más, parece dispuesta a usar la maraña presupuestaria planificada para 2025 como un jugoso caramelo. "Negociaremos con ERC y Junts, también en pleno congreso [sobre sus liderazgos]", ahondan las fuentes consultadas en el núcleo duro de Sánchez. Tanto en ERC como en Junts se dirimirán cruentas batallas por el control del partido. El presidente cree que ahí tiene una ventana abierta para colarse y conseguir que España tenga unas nuevas cuentas que le permitirían llegar a la cita electoral de 2027 con más seguridad.
