El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice en privado lo mismo que en público: "ni un euro" de dinero público de la Generalitat de Cataluña, desde que ésta fue intervenida por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución fue, a priori, a financiar el referéndum ilegal del 1-O.
Otra cosa es que, de las investigaciones posteriores de la Guardia Civil, el juez concluya que algún funcionario falsificó el objetivo real de alguna partida o que las empresas a las que fue a parar ese pago legal ocultaron los verdaderos fines.
Montoro hizo esas apreciaciones este viernes durante la reunión a puerta cerrada del Consejo de Ministros, aseguran fuentes gubernamentales a Vozpópuli, en lo que alguno de sus compañeros interpretó como un intento de sacudirse el acoso al que está siendo sometido por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena; el juez le ha solicitado aclarar por escrito "a la mayor brevedad posible" si hubo o no malversación.
Una hora después de hacer Montoro la confidencia a sus compañeros de Gobierno y al presidente, Mariano Rajoy, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, insistió en que la información "contable" de la que dispone Hacienda es que "ningún euro" público se ha destinado al referéndum, pero será Llarena quien determine la "verosimilitud" de estos datos y "decidir" si hay delito.
El Supremo está enfadado porque Montoro le deja sin argumento para culpar a Puigdemont de malversación, el delito por el que Alemania están dispuesta a entregarle
El Gobierno intenta establecer así una barrera de contención ante lo que se le viene encima, con un Tribunal Supremo fuertemente enfadado con el Ejecutivo porque cree que está dejándole sin argumentos en el que, hoy por hoy, es el único delito por el que la Justicia alemana está dispuesta a entregar a Carles Puigdemont a España: la malversación.
Méndez de Vigo garantizó que la documentación reclamada por Llarena se le remitirá de manera "inmediata" y será él quien se encargue de "ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica", cotejándola con la información que le haya proporcionado la Guardia Civil.
Y recordó que el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional (TC) las partidas con cinco millones de euros en total que los presupuestos de la Generalitat gobernada por Puigdemont destinaban al referéndum del 1-O; fue anulada por el TC y, a partir de ahí, todas las cuentas del Ejecutivo catalán "han estado intervenidas", insistió.
