El Gobierno no cree que la huida de España de la secretaría general de ERC, Marta Rovira, que hoy tenía que haberse presentado ante el magistrado del Tribunal Supremo, suponga negligencia alguna de las Fuerzas de Seguridad del Estado o del CNI.
“Este es un país democrático y no se puede espiar a nadie sin orden judicial”, acaba de señalar a Vozpopuli una alta fuente del Ejecutivo, a la espera de las explicaciones que aporte el Ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Rovira, a quien Llarena no había retirado el pasaporte pese a estar imputada, tiene por tanto “libertad de movimientos” hasta que el magistrado dicte en las próximas horas, previsiblemente, orden internacional de busca y captura.
Al margen de la explicación oficial, otras fuentes del PP y del resto de los partidos admiten que la fuga de Rovira da argumentos a quienes cuestionan el papel del servicio secreto durante todo el desafío soberanista.
Un cuestionamiento que empezó con la fuga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Bruselas y ha seguido con la reciente de la dirigente de las CUP Anna Gabriel, primero a Venezuela y posteriormente a Suiza, donde ahora reside.
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