El Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde Isabel Celaá repite como titular de cartera, recurrirá por la vía judicial la decisión de la Región de Murcia de imponer un 'pin parental' a los centros educativos.
Se trata de una de las propuestas 'estrella' de VOX y consiste en una solicitud en formato papel o digital que los padres y madres dirigirían a los directores de los centros con el fin de excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones.
Celaá considera que se trata de una iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado.
Una iniciativa "contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género"
El Ministerio de Educación ha enviado un comunicado a los medios defendiendo que la imposición del denominado 'pin parental' "pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, recibiendo una información anticipada de todas ellas" y que se trata de una iniciativa "contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género".
Esta iniciativa ha generado, prosigue el comunicado, una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa.
"Las instrucciones de comienzo del curso 2019-2020 de la Región de Murcia recogen la obligación a todos los centros educativos de imponer esta 'censura previa' para todas las actividades de los centros. Sin embargo, los alumnos tienen la obligación de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, que además son evaluables", dice el texto enviado por Celaá.
"Objeción de conciencia encubierta"
El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española.
"Cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", ha manifestado la ministra.
"Este veto colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España como la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI", señala el texto.
El propio Tribunal Constitucional, continúa el comunicado, ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.
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