El paseo triunfal de Carles Puigdemont por las calles de Barcelona en la mañana de ayer supuso la mayor muestra de inacción del Gobierno de Pedro Sánchez contra el separatismo catalán. Una prueba más de las prioridades del Ejecutivo, que antepone a una sola comunidad autónoma frente por la única y exclusiva razón de mantener vigente el acuerdo de investidura que lo llevó de nuevo a Moncloa.
Sin embargo, y a pesar su afán por agasajar a los principales partidos independentistas que tienen peso en la región de Cataluña, el Gobierno no ha dejado aparcada su batalla política contra las regiones donde Gobierna el Partido Popular en solitario, bien sea por mayoría absoluta o minoría tras la salida de Vox de todos ellos.
El objetivo número uno es la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso desde mayo de 2019, se ha convertido en el epicentro de la oposición contra Pedro Sánchez a nivel político, económico y social. Algo que ha quedado patente en los incontables choque dialécticos que han mantenido, a un lado y otro del telón, ambas administraciones.
Sin embargo, este distanciamiento político, que tiene todo el sentido del mundo a nivel ideológico, ha empezado a afectar a los ciudadanos de a pie en todas las facetas de su día a día. En pleno 2024, hay tres áreas donde la batalla de Pedro Sánchez contra el Gobierno regional de Madrid empieza a crear brechas irreparables: fiscalidad, transporte e inmigración.
El pacto de Sánchez con ERC castigará la fiscalidad madrileña
Al igual que el resto de Comunidades Autónomas, Madrid se ha visto afectada de lleno por el preacuerdo para la independencia fiscal que Moncloa y ERC han sellado para amarrar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Sin embargo, en la capital se notarán aún más las desigualdades fiscales que se concreten tras su aprobación.
Tal y como informó Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) hace unos días, la Comunidad Autónoma que más aportó al sistema en 2022 fue Madrid, con 7.395 millones de euros, seguida de Cataluña, con 2.088 millones y Baleares, con 345 millones de euros.
Estas tres regiones, con las mayores rentas per cápita, son las únicas aportadoras netas, con un volumen total de 9.828 millones de euros en total. Pese a ser Cataluña una autonomía con aportación neta, la diferencia de más de 5.000 millones con respecto a Madrid pone de manifiesto la incoherencia fiscal del acuerdo.
Además, la CAM recibirá más de 20.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta para 2025, un 9% más que este año. Un hecho que motivó a la Consejería de Economía regional a pedir explicaciones a María Jesús Montero por lo acordado en Cataluña y solicitar la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Averías y problemas constantes en el Cercanías
Si a veces la economía puede resultar algo abstracta en el día a día de los ciudadanos, hay otras áreas donde el abandono se percibe de forma notoria. Es el caso del transporte de media y larga distancia madrileño, el Cercanías. Este sistema ferroviario, dependiente del Estado español y del Ministerio de Transporte, vive sus días más oscuros en la región con constantes averías y retrasos.
A tenor de las cifras oficiales que Vozpópuli pudo conocer, la Comunidad de Madrid recibe del Gobierno central 126 millones de euros anuales para transporte público, cantidad que lleva congelada por parte del Estado once años.
Esta partida que recibe Madrid supone al Ejecutivo tan solo el 6% del gasto total destinado al transporte de las diferentes autonomías. En materia de inversión y mejoras del servicio e infraestructuras, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva meses haciendo el vacío a la CAM, además de las cartas sin contestar de Óscar Puente, ministro de Transportes, al consejero regional, Jorge Rodrigo.
La crisis de menas y el agujero negro de Barajas
Por último, la crisis migratoria que atraviesa España en este 2024, especialmente con el repunte que estamos viviendo en el presente verano. Según informó la CAM, en lo que va de año, la región ha acogido más de 1.500 menores no acompañados, más que en todo el 2023. A pesar de la percepción general de que los menas llegan únicamente por las costas canarias, la realidad nos transporta al aeropuerto de Barajas.
Allí, y a través de la ruta aérea Mauritania-Marruecos-España, operada por Royal Air Maroc, centenares de menores de edad están llegando a la capital con la excusa de emprender un viaje a Europa que nunca se produce. Pese a las cartas dirigidas al Ministerio de Interior para solicitar medidas y ayudas que minimicen estas acciones, las consecuencias de esta llegada masiva las está pagando la Comunidad de Madrid.
El Estado solo dará 1.6 millones este 2024 a la CAM para hacerse cargo de los 30 menores que el Gobierno central les adjudicó en el reparto. Cifras irreales que chocan contra el millar y medio ya acogidos en centros financiados por el Ejecutivo de Ayuso, y cuya manutención y preparación le ha costado ya 48 millones de euros de las arcas autonómicas.
Tres áreas donde el Gobierno de Sánchez podría facilitar las cosas a uno de los motores de España; tres áreas donde la autonomía debe velar por sí misma.
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