Eduardo Muñoz de Baena Simón, el magistrado que desde este viernes juzga la destrucción de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas permaneció en el primer día de juicio a la sombra del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
El nombre del conocido juez del procés ha aparecido en el juicio de los ordenadores de forma recurrente. El propio Eduardo Muñoz de Baena Simón, titular del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, aludió al Tribunal Supremo cuando reiteró su decisión de impedir la retransmisión en directo del juicio, en el que están imputados el Partido Popular como persona jurídica, y tres empleados de la formación política. Y esa prohibición fue comparada con la retransmisión completa del procés, acordada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena.
"Todos nos hemos beneficiado como ciudadanos" de la retransmisión del juicio del procés, reconoció el juez Muñoz de Baena Simón, que de forma inmediata puso de manifiesto que, según su criterio, esta decisión de la Sala Segunda no es trasladable a cualquier otro juicio.
Las defensas
Para este juez hay una diferencia evidente. Mientras que en el caso de la independencia de Cataluña las defensas querían que el juicio se retransmitiera, en el de los ordenadores de Bárcenas, no: "Hay que fijarse en los costes en la imagen del acusado, en el elemento estigmatizador y la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio paralelo", completó el togado.
El juez, que en todo momento mantuvo un trato exquisito con las partes, alabó el papel de la prensa. Sin embargo, consideró que si el juicio se retransmitiera, produciría una "merma irremediable en la imagen de los acusados".
En sus contestaciones a las partes, Muñoz de Baena Simón llegó a confesar que si el único acusado hubiese sido el PP, habría tomado una decisión diferente: "Porque el escenario sería distinto, pero hay personas físicas que son desconocidas para los ciudadanos. Yo creo que es la decisión que mejor se aproxima a ese equilibrio, de proporcionalidad".
Decisión del legislador
Sin embargo, el juez sí aprovechó una de sus intervenciones para trasladar al Congreso de los Diputados el debate de la transparencia de la justicia: "Hay un debate sobre la mesa, si se justifica que los juicios sean televisados o no. Cómo, en qué manera y en qué supuesto. Ese debate trasciende a este juicio. Y lo tendrá que resolver el legislador", completó el juez.
El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid posee una dilatada experiencia en el mundo de la judicatura. Ingresó en la carrera judicial en marzo de 1998, y en solo tres años, en 2001, ascendió a la categoría de magistrado.
Hasta llegar al Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena Simón ha estado destinado en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Sueca (Valencia), Illescas (Toledo), Getxo (Vizcaya), Parla (Madrid); y en los Juzgados de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares (Madrid) y número 2 de Madrid. También fue titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 11 de Madrid.
Servicio de Inspección
Sin embargo, uno de los destinos que más ha marcado a este juez fue el paso por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en concreto en el Servicio de Inspección. Por eso, desde noviembre de 2006 y enero de 2010 Muñoz de Baena Simón era uno de los responsables de resolver las quejas y denuncias contra los jueces.
Y quien lo conoce asegura que este es el motivo por el que da en todo momento un trato exquisito a las personas que hacen uso de la justicia. Cuentan estas mismas fuentes a Vozpópuli que Muñoz de Baena Simón se ha horrorizado en más de una ocasión al ver los vídeos de los jueces que se comportan de forma despótica.
Este magistrado asegura a su entorno que su intención es la de brindar un trato amable a abogados, fiscales, procesados, testigos y cualquier otro protagonista de los juicios. No se trata tanto, explican las fuentes a este diario, de darles la razón, sino que estas personas acaben sus juicios con la sensación de que se les ha escuchado.
Nadie contento
Sin embargo, y pese a ello, en el primer día del juicio de los ordenadores de Bárcenas el juez no ha logrado contentar a nadie. Los acusados echaban chispas tras escuchar que deberían mantenerse en el banquillo de los acusados hasta el final del juicio.
La explicación del magistrado no les convenció. No entienden su determinación de diferir a la sentencia su decisión sobre la aplicación de la doctrina Botín, por la que el PP dejaría de estar acusado. En concreto, el juzgador quiere que se celebre el juicio por si al final la Audiencia Provincial de Madrid tiene una opinión diferente a la suya sobre la aplicación de la doctrina que exoneró al fallecido dueño del Santander.
"Soy consciente del coste para las defensas", completó el juez, quien después relató que es la decisión que consideraba más coherente, sobre todo pensando en los recursos de apelación que se puedan presentar tras la sentencia.
Acusaciones enfadadas
La decisión de mantener al PP y a los otros tres acusados, la extesorera Carmen Navarro, el abogado Miguel Durán, y el informático José Manuel Moreno ha enfadado a las defensas. Y, sin embargo, a las acusaciones tampoco les gustaron las decisiones del magistrado, que en su intervención resaltó las "deficiencias en los escritos de acusación".
En este apartado, el juez Muñoz de Baena Simón resaltó que los escritos de acusación de Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) carecían de un relato jurídico de los hechos presuntamente delictivos cometidos por el PP.
Al contrario, en esos documentos, explicó el magistrado, "se mezclan alegaciones y razonamientos, Lo deseable es que no sea así. Pero si lo hiciéramos tendríamos que prescindir de muchos escritos", se lamentó el juez, que aprovechó ese momento para dar un tirón de orejas a los juzgados de instrucción, que a su juicio deberían obligar a las acusaciones a que mejoraran sus escritos.
Anomalías de la acusación
Muñoz de Baena Simón considera, además, que estos fallos de las acusaciones no causan indefensión al PP y a sus empleados. Más bien al contrario, "estas anomalías facilitan su defensa", concluyó el juez, que entre estos fallos aludió a que la acusación del Observatori DESC llegó a solicitar una pena máxima de 15 años, por lo que la competencia para celebrar el juicio debería de ser de otro tribunal.
Otro de los que realizó varias alusiones al juicio del procés fue el abogado de la extesorero del PP, Carlos Gómez Jara, quien llegó a resaltar la auctoritas o legitimación socialmente reconocida del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
