Pablo Iglesias está buscando un gurú que centralice toda la labor de comunicación de los cuatro ministerios bajo su mando: Igualdad, Trabajo, Consumo y Universidades; alguien con perfil de "periodista" o asesor con buena entrada en los medios, que dé "brillo" al Gobierno de Podemos de la misma forma que lo hace el director de gabinete de la Presidencia, Iván Redondo con todas las áreas de Pedro Sánchez y el PSOE, aseguran a Vozpópuli fuentes conocedoras de la operación.
No se trata de replicar en la Vicepresidencia social las competencias de Redondo -de hecho, Iglesias tiene como director de gabinete a alguien de su máxima confianza, el ex JEMAD Julio José Rodríguez- ni tampoco de anular a los jefes de prensa de sus ministerios, sino de darle "sentido político" a todas las acciones de los morados para que se entiendan en la calle.
Porque mantener la movilización de los círculos de cara a la cita congresual de Vistalegre III es crucial para no perder pie en las encuestas ni ser fagocitados en el poder por los socialistas. Pablo Iglesias lo sabe; y sabe que Sánchez ha jibarizado sus competencias al máximo solo para que le permitiera mantenerse en La Moncloa después de los graves encontronazos de julio, que obligaron a repetir elecciones el 10N.
Luego vino la rebaja del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidencia cuarta, algo no pactado pero asumido a posteriori para no poner en peligro la coalición. Y ahora que ya ha comenzado a rodar, está dispuesto a exprimirla al máximo en beneficio de su sigla:
La Agenda 2030 es fundamental para impulsar un giro en un modelo económico neoliberal que ha agravado las desigualdades en todo el mundo. Sus Objetivos de Desarrollo Sostenible son una prioridad para el Gobierno.
? @VicencNavarro ha escrito sobre ellohttps://t.co/iGEtchnqGn pic.twitter.com/FiNf5uUAM1
— Pablo Iglesias ?{R} (@PabloIglesias) February 6, 2020
Podemos es consciente, en suma, de que este primer semestre de coalición va a ser clave en la valoración ciudadana por una razón clara: a falta de Presupuestos Generales del Estado hasta bien entrado 2020, serán los proyectos sociales los que ocupen la agenda y ahí no pueden vivir solo de la primera acción estrella: la subida a 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) protagonizado por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, este enero.
Díaz volverá a ser noticia a no mucho tardar con ocasión de la derogación del acumulo de bajas médicas como causa de despido, y la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios sectoriales frente a los de empresa; una insistente reivindicación, ésta, por parte de los sindicatos UGT y CC.OO., que han visto muy mermado su poder durante los gobiernos del PP y Mariano Rajoy.
Y Podemos quiere rentabilizarlo de nuevo mediáticamente, por lo menos tan bien como con el salario mínimo. De ahí, también, la necesidad de esa figura de gurú mediático, mano derecha del líder ahora que ya no está Paolo Gentili, que trasciende al tradicional jefe de prensa de un departamento.
Alberto Garzón quiere que el Consejo de Ministros apruebe cuanto antes el decreto que prohíba la publicidad del juego on line fuera del horario de una a cinco de la madrugada
Alberto Garzón, ministro de Consumo, quien ya se ha estado reuniendo esta semana con empresarios y asociaciones del sector para comunicarles las inminentes restricciones a la publicidad del juego on line, de forma que quede reducida a la franja horaria entre una y cinco de la madrugada y frenar así los estragos entre los jóvenes, quiere que el Consejo de Ministros apruebe ese decreto-ley cuanto antes.
Y en Igualdad, aunque no vaya a ser competencia solo de su ministerio una reforma tan importante como el endurecimiento de la violación y el abuso sexual en el Código Penal, su titular, Irene Montero, tiene claro que la campaña del solo sí es sí en las relaciones sexuales consentidas pertenece a su departamento. Y cuenta para ello con la hasta ahora portavoz de Podemos en el Congreso, Noelia Vera, como secretaria de Estado de Igualdad, y con la jueza Victoria Rosell, como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
En sus manos va a estar también la puesta en marcha de la Ley contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual para impulsar medidas de prevención, de persecución de redes criminales y de protección a las víctimas; así como reformas legales para garantizar la igualdad de trato a los colectivos LGTBI y prevenir las agresiones homófobas.
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