Los nuevos Estatutos de Podemos están generando amplio revuelo interno. Cada vez son más las voces críticas que se levantan contra el "autoritarismo" de la dirección de Pablo Iglesias por redactar tales Estatutos a su medida, incorporando reglas que no fueron aprobadas en los documentos de Vistalegre II. El endurecimiento del régimen disciplinario para sancionar a aquellos militantes que "hablen con la prensa sobre información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan" es sólo la punta del iceberg.
Dicha maniobra ha sido cuestionada por la presidenta de la Comisión de Garantías, la independiente Olga Jiménez, y le ha costado la apertura de un expediente por parte del Consejo de Coordinación (la Ejecutiva de Iglesias). Pero éste no es el único asunto que denuncian las bases. Ha sido la corriente Profundización Democrática, que apoyó al abogado del 15-MpaRato, el diputado andaluz Juan Moreno Yagüe, en su disputa con Iglesias por la secretaría general del partido, la que ha puesto negro sobre blanco en este malestar de militantes y cuadros. Por ejemplo, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán (Anticapitalistas) ha declarado que no se ceñirá a "reglamentos disciplinarios" de este tipo porque "la mejor disciplina siempre es el debate colectivo y la fraternidad".
En concreto, Profundización Democrática, que transaccionó propuestas organizativas en el último Congreso con el equipo de Íñigo Errejón (Recuperar la ilusión) ha señalado que "la publicada transposición estatutaria del Documento Organizativo aprobado en Vistalegre II supone cambios drásticos con respecto a lo aprobado por todas las personas integrantes de Podemos que participaron en la II Asamblea Ciudadana Estatal", celebrada el pasado febrero.
En este sentido, los críticos subrayan que "estos cambios, que entendemos claramente ilegítimos, no afectan sólo a los apartados del régimen disciplinario (los cuales no estuvieron presentes en el debate público y ni siquiera aparecen en los documentos originales ganadores de esa II Asamblea Ciudadana Estatal) sino también a otros aspectos de calado".
Así, dentro de esas "extralimitaciones graves", hacen referencia, en primer lugar, a "la descripción de los niveles de membresía y las condiciones para obtener el rango de pleno derecho para la participación y voto en procesos internos (así como la denominación de éste, dando lugar a posible confusión)". Y es que el documento organizativo que salió ganador de Vistalegre II, el del equipo de Iglesias, introdujo la figura del "militante" (además del "inscrito"), pero sin apenas regularla. Sólo recogió que el censo de militantes se calcularía con el "promedio de asistencia al Círculo en las tres últimas actas".
El documento ganador de Vistalegre II, el del equipo de Iglesias, introdujo la figura del "militante", pero sin apenas regularla
Fue el pasado abril, cuando la dirección de Podemos, a través de la Secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique elaboró un reglamento para desarrollar esa figura de "militante". Por ejemplo, este texto pide más datos personales y establece que sólo los militantes, y no los inscritos, como era hasta la fecha, podrán "componer los órganos de dirección o las papeletas electorales" en próximos comicios municipales o de otros niveles. Por tanto, estos criterios no fueron aprobados en Vistalegre II por todos los inscritos en Podemos, sino únicamente por cúpula morada un par de meses después.
Al margen de la Asamblea
También hacen alusión los críticos a "la posibilidad, hasta ahora inexistente, de que otros órganos distintos a la Asamblea Ciudadana puedan adquirir la capacidad delegada de aprobar cambios en los Estatutos sin pasar explícitamente por la propia Asamblea soberana".
Por otro lado, Profundización Democrática apunta que hay cambios que "reducen los márgenes de autonomía de los órganos territoriales, socavando con ello el nivel de federalización en nuestra organización que tanto consenso aglutinó en la II Asamblea Ciudadana". Y "notoria es, asimismo, la falta de algunas partes de textos relevantes del articulado que sí estaban presentes en los documentos aprobados", añaden los críticos.
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