El pleno del Congreso debate este martes una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que demanda la derogación de la reforma de las pensiones hecha por el PP en 2013 y la vinculación directa con el IPC de su revalorización anual. La iniciativa llega en un momento en que el Pacto de Toledo intenta actualizar el sistema de Seguridad Social para hacerlo sostenible en el tiempo tras constatarse que arrastra un déficit que supera en cada ejercicio los 15.000 millones de euros. El contexto político en el que el PSOE defiende esta posición es claro: la gestora que preside Javier Fernández, el apoyo más firme con el que cuenta Susana Díaz en su carrera hacia las primarias, se ha propuesto endurecer la oposición al Gobierno para evitar que Pedro Sánchez, sobre todo, y Patxi López ganen terreno.
Influidos por Podemos, los socialistas acusan al Gobierno de practicar el "austericidio contra la ciudadanía"
La propuesta socialista llega firmada por su portavoz en el Pacto de Toledo, la diputada Mercè Perea, y también por su portavoz de Empleo, Rafael Simancas. En ella se acusa al Gobierno de haber endurecido de manera unilateral el acceso “a pensiones dignas” y de haber practicado el “austericidio” con la ciudadanía, haciendo saltar por los aires el consenso del Pacto de Toledo. Desde esta premisa, el PSOE propone que de manera inmediata y hasta que se alcance un “acuerdo político”, el Ejecutivo revalorice las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación para 2017, no inferior al 1,2%, e introduzca una cláusula de desviación de inflación en el supuesto de que la tasa media anual sea superior al índice previsto.
De manera implícita, los socialistas dejan ver en el texto de la proposición no de ley que condicionan cualquier acuerdo final a que el Gobierno destine a este menester buena parte del aumento de los ingresos previstos para este año, que cifran en un 8%. En principio, la comisión del Pacto de Toledo prevé tener redactadas sus conclusiones al final de la primavera. Es posible que la escasa veteranía de sus portavoces retrase los trabajos y que éstos se solapen, al final, con la precampaña para las elecciones municipales y autonómicas de 2019.
Como patrimonio electoral
El debate sobre las pensiones siempre ha sido un arma política que el PSOE ha utilizado como una especie de patrimonio electoral. Mueve más de nueve millones y medio de votos, los de los propios pensionistas y los de sus familias, y casi siempre aflora sin que los socialistas reconozcan que fueron los primeros en congelar estas prestaciones durante su tarea de Gobierno -José Luis Rodríguez Zapatero en 2010- ni tampoco que tienen su parte de responsabilidad en el déficit que ha llevado a dejar en menos de 16.000 millones un Fondo de Reserva que llegó a tener casi 67.000.
El PSOE es consciente de que no podrá sostenerse el sistema público de pensiones sin un polémico combinado de medidas
En el PSOE se admite el escaso margen que tiene ahora el partido para poner el cascabel al gato y reconocer que el sostenimiento del sistema público de pensiones es inviable en los estándares conocidos si no se pacta entre las principales formaciones un combinado de medidas que van desde los incentivos a la prolongación de la vida laboral más allá de los 67 años fijados por ley hasta la eliminación de los topes de cotización, pasando por la extensión del periodo de cálculo. En estas posibles reformas, la presión de Podemos a la contra acabará influyendo negativamente en el Grupo Socialista, admiten algunos de sus diputados.
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