Política

Pactos de Estado: la gestora reclama ayuda a Rajoy para sofocar el incendio en el PSOE

El nuevo Gobierno que Mariano Rajoy presidirá en una semana puede jugar un papel determinante en suturar la profunda herida que ha abierto en el PSOE la decisión de abstenerse en la investidura. De ello ha hablado largo y tendido el candidato del PP con el presidente de la gestora socialista.

Fuentes de toda solvencia informan que en las conversaciones de las dos últimas semanas mantenidas por Mariano Rajoy con el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, este le ha pedido ayuda para sofocar el incendio provocado en las filas del PSOE por la decisión de abstenerse en la investidura, formalizada ayer en el Comité Federal tras un plebiscito que ha evitado terceras elecciones por solo 43 votos de diferencia. “Rajoy puede jugar un papel bastante preciso en el apaciguamiento de nuestras tensiones internas, dejándonos margen para rechazar en el Parlamento las políticas más reaccionarias y promover, al mismo tiempo, reformas que puedan ser bien acogidas por nuestro electorado”, explica un destacado miembro del Comité Federal.

El PSOE quiere que Rajoy le deje margen para enmendar los Presupuestos y promover algunas contrarreformas

Este ánimo de colaborar con el Gobierno siempre que la gestora socialista y su grupo parlamentario puedan colocarse las oportunas medallas,  queda recogido en la resolución aprobada en el Comité Federal con el apoyo del 59% de sus miembros. En ella, la eurodiputada Elena Valenciano, estrecha colaborada de Alfredo Pérez Rubalcaba y una de sus redactoras, pergeña las prioridades del PSOE para la XII Legislatura: la contrarreforma laboral, la reforma de las pensiones, un gran pacto que mejore el sistema educativo, consolidación de la Ley de Dependencia, una nueva financiación autonómica que contribuya a enderezar el conflicto catalán, acabar con la ‘ley mordaza’ y conseguir un “compromiso colectivo” contra la corrupción.

La mayoría de estas iniciativas requerirán pactos de Estado y, en todo caso, amplios acuerdos entre el Gobierno y el PSOE, pues contienen un impacto presupuestario que habrá que acomodar a las cuentas estatales de 2017 y de años posteriores. Los socialistas quieren margen para enmendarlas a la totalidad, aunque después participen en las enmiendas parciales. La idea inicial de la gestora socialista es poder gestionar estos pactos con un juego limpio por parte de Rajoy, quien a fin de cuentas va a poder ser investido teniendo que renunciar al programa de máximos con el que el PP concurrió a las últimas elecciones, disposición que ya ha reconocido en público el propio presidente en funciones.

Una tarea de equilibristas

“Se trata de alcanzar un equilibrio que garantice la gobernabilidad y, al mismo tiempo, nos permita hacer una oposición exigente pero constructiva en la que dejemos ante nuestro electorado una huella clara de nuestras políticas”, resume un alto dirigente socialista andaluz. Esta actitud tiene luces largas, pues el PSOE está convencido, ayer lo volvió a recordar Javier Fernández, de que el objetivo principal de Podemos consiste en adueñarse del liderazgo de la oposición, tarea que el propio Gobierno podrá impulsar o, por el contrario, frenar en seco.

Con un partido dividido prácticamente en dos mitades y un grupo parlamentario seriamente fracturado debido a la herencia que dejó la anterior dirección socialista, la gestora encargada de conducir al PSOE hasta el Congreso Extraordinario necesita recuperar oxígeno para durar el tiempo que necesita Susana Díaz para auparse a la Secretaría General. El alambre sobre el que transitarán ahora los miembros de la gestora como si fueran auténticos equilibristas, es tan fino que puede romperse en cualquier momento: buena parte de las agrupaciones siguen en pie de guerra porque no comparten la abstención en la investidura, la mayoría de las federaciones están muy fraccionadas y casi la mitad de los diputados y senadores digerirán mal el acuerdo adoptado este domingo por la mayoría del Comité Federal. Están por ver los próximos movimientos de Pedro Sánchez y qué consejos se atiene.

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) se ha convertido en el principal referente de la contestación interna, pero desde un prisma conciliador que ayer se encargó de acentuar su primer secretario, Miquel Iceta. El flamante ganador de las primarias justificó su rechazo a la investidura de Rajoy por el temor a alejarse de militantes y electores. “Nos da más miedo ese abismo que unas terceras elecciones”, apuntó Iceta a puerta cerrada, después de enfatizar que el problema del PSOE no es el PSC, sino Rajoy. “Nada nos dice que el independentismo no pueda perder apoyos en el futuro, pero tampoco que no pueda seguir ganándolos. Y nosotros hacemos en gran medida responsable de esta situación a un Gobierno del PP incapaz de abrir una perspectiva de diálogo. Nos gustaría que fueseis capaces de entenderlo, que podamos seguir caminando juntos, incluso en la discrepancia, porque nada nos horroriza más que la perspectiva de dejar de compartir con todos los socialistas un proyecto federal para España”, les dijo Iceta a sus compañeros de partido. En Ferraz se acogió este discurso en tono conciliador, pero también exigente. De hecho, Javier Fernández avisó a los siete diputados del PSC que se sientan en el Congreso de que el mandato del Comité Federal de este domingo “es imperativo y no es vergonzante”.

Esto último no lo comparten los tres presidentes autonómicos, Ximo Puig, Javier Lambán y Emiliano García-Page, que ayer se refugiaron en el silencio, pese a su apoyo implícito a la abstención en la investidura. Tienen en común que le deben el cargo al sostén de Podemos en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, y pueden perderlo en cualquier momento.

La gestora tendrá que compatibilizar su apoyo al nuevo Gobierno con un retrovisor que vigile a Podemos

Esta es la triste realidad a la que se enfrenta el PSOE, obligado ahora a convivir con un apoyo todo lo soterrado que se quiera al nuevo Gobierno que forme Rajoy –se juega en ello el susto de una convocatoria electoral precipitada– y con un retrovisor que mire permanentemente a la formación morada, soporte de su poder territorial en seis comunidades y más de 2.000 ayuntamientos.

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