Pedro Sánchez se encuentra en una situación delicada. A pesar de haber podido armar una mayoría parlamentaria para la investidura, esta se desmorona. Los desencuentros con sus socios de Sumar no son pocos y Junts se ha cerrado en banda: no aprobará ni una medida del Gobierno si Puigdemont no es amnistiado.
De esta manera, el Ejecutivo acumula derrotas parlamentarias que no parecen, sin embargo, desanimar a Sánchez, que asegura que seguirá en La Moncloa a pesar de que no pueda legislar. Esta intención se vuelve, sin embargo, delicada cuando se tiene en cuenta que los últimos Presupuestos Generales del Estado son de 2023 -aprobados hace casi dos años y ahora prorrogados-, y que el Gobierno ya renunció a los de 2024.
A pesar de que el PSOE había comenzado los contactos con Sumar para armar las cuentas públicas de 2025, en un reciente viaje a Suiza el expresidente de la Generalitat dejó bien claro que si no se le amnistía -el juez no ve oportuno condonar la malversación-, no habrá ningún 'sí' de Junts en el Congreso de los Diputados, algo que obligó al Ejecutivo a retirar la votación de la senda de déficit.
Sánchez se ve convencido para aprobar los que serían sus cuartos PGE desde que llegara a La Moncloa aunque sí los supedita a los congresos de ERC y Junts, claves para lograr una mayoría parlamentaria que los saque adelante.
A pesar de todo esto, Sánchez asegura que está dispuesto "a gobernar sin el concurso del Poder Legislativo", pues considera que no está "obligado a convocar elecciones". Sin embargo, en 2018 criticaba a Mariano Rajoy precisamente por gobernar sin presupuestos. "Si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno tiene que convocar a los españoles a las urnas", decía entonces.
Además, creía que "un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina, sin Presupuestos no hay nada que gobernar". Pero Sánchez no tuvo sus primeros PGE hasta 2021, tres años después de llegar a la presidencia.
Los palos en la rueda de no tener presupuestos
Pero, ¿qué supone para un Gobierno recorrer una legislatura sin presupuestos? Aunque no se trata de algo excepcional -en la última década se han aprobado seis años de los diez-, la realidad es que afecta a la facilidad del Ejecutivo de legislar.
Con unos presupuestos aprobados, es más sencillo destinar aprobar leyes y partidas presupuestarias; sin embargo, sin ellos, cada medida necesita ser llevada al Congreso para su aprobación de manera individual, algo difícil de imaginar pues resultaría contradictorio que una mayoría no aprobase los presupuestos pero sí lo hiciese cada medida en particular.
Para subsanar este problema, está el salvavidas de gobernar con reales decretos, lo que permite sacar adelante propuestas sin necesitar una mayoría parlamentaria.
Otro de los inconvenientes de no tener presupuestos es la imposibilidad de condonar deuda a las comunidades autónomas, algo que de momento sería inviable sin unos presupuestos, algo que lleva un tiempo sobre la mesa.
Además, las subvenciones y ayudas sociales, así como la vivienda pública solo se podrían sacar adelante si se llevan al Congreso y se aprueban de forma individual, lo que podría paralizar estas ayudas a los sectores más vulnerables.
Un ejemplo del proceso que se debería llevar a cabo para sacar una norma con presupuesto propio -o que recurra también, en este caso, a la financiación de las comunidades- es la Ley ELA, sobre la que se ha llegado a un acuerdo recientemente entre PP, PSOE, Sumar y Junts. Este consenso y esta mayoría serían las necesarias -o con otra combinación de fuerzas- para poder desatascar una potencial parálisis normativa en una legislatura sin presupuestos. Sin embargo, estos consensos no son habituales.
A pesar del lastre que supone no contar con unos presupuestos- en este caso los vigentes son los prorrogados de 2023-, el Ejecutivo si encuentra en ocasiones formas de subsanar esta situación. El ejemplo es la entrada del Estado en Telefónica, para lo cual se necesitaron 500 millones de euros.
Al no haber presupuestos aprobados, se utilizó un fondo de 16.000 millones, como recogió Vozpópuli, destinados a las comunidades y ayuntamientos. Concretamente, para la "coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales", evitando así crear una aportación nueva con rango de ley, que habría sido necesario aprobar en el Congreso.
Además, el Gobierno también ha inflado los presupuestos prorrogados de 2023 en casi un 7% el presupuesto prorrogado del año anterior, pasando de un presupuesto de 380.800 millones a 406.350 millones. Este cambio, completamente legal, permite hacer frente a situaciones económicas o sociales no previstas en la primera versión de los presupuestos.