El Gobierno tiene pendiente abonar a los partidos 46,6 millones de euros en concepto de subvención extraordinaria que les corresponden por los resultados de las elecciones generales del 28 de abril y otros 5,3 millones por el mailing de publicidad y sobres con papeletas que cada formación remitió a los domicilios. En total, casi 52 millones para cuyo pago todos los partidos han presentado la documentación oportuna de gastos e ingresos ante el Tribunal de Cuentas pero siguen sin recibir un euro.
Una orden ministerial de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de marzo estipula una bonificación de 21.167,64 euros por cada diputados y senador; igual que en las elecciones de junio de 2016, y 465,69 euros menos que en las de 2011.
Además, a las formaciones políticas se les pagará 0,81 euros por cada voto al Congreso y 0,32 al Senado. Eso si, solo si obtuvieron representación parlamentaria el 28A. El envío de publicidad y papeletas va aparte y se subvenciona con 0,21 euros por elector.
Se debe avanzar en un debate amplio sobre la financiación de los partidos, para ofrecer soluciones a retos que quedan pendientes como la financiación de los partidos políticos nuevos. Lee más en nuestro informe para el Examen Periódico Universal de España: https://t.co/DzfZrgrP6Y pic.twitter.com/tIjmYdz1xs
— Transparencia Int.ES (@TISpain) July 30, 2019
El Ministerio del Interior sufraga el funcionamiento mensual ordinario -entre el 75 y el 80% de la financiación-, pero la retención de esos 52 millones extra está causando a las orgabizaciones un "serio problema" a la hora de pedir créditos (todos menos Podemos, que lo tiene prohibido en sus estatutos). Ya en abril la Banca se negó a prestar incluso a PSOE y PP.
El problema es que un Ejecutivo en funciones tiene limitada su capacidad de gestión, replican a Vozpópuli fuentes gubernamentales; y recuerdan que tampoco puede desembolsar a las comunidades autónomas los 7.000 millones de anticipo a cuenta en 2019.
El PSOE tiene pendiente de devolución a sus militantes los 30 millones en 'microcréditos' que les pidió para el 28A y la campaña de las autonómicas y municipales del 26A
Una decisión que deja en precario hasta al propio PSOE, pendiente de devolver a sus militantes los microcréditos que les pidió en marzo pasado -30 millones en pequeñas cantidades al 2% de interés- para hacer frente a dos campañas electorales que se negaban a adelantarle las entidades financieras: la del 28-A y la que tendría lugar el 26 de mayo destinada a elegir gobiernos autonómicos y municipales.
Ferraz, como el resto de direcciones nacionales, aseguran fuentes socialistas, tampoco ha recibido un euro de los más de 18,3 millones que le corresponden: 7.408.674 por los 123 diputados conseguidos el 28-A; otros 6.085.645 millones por los más de siete millones de votos para lograrlos; 2.561.284 por 121 senadores; y otros 2,3 millones, aproximadamente, por los votos logrados al Senado.
El 'drama' del PP
Sin embargo, ahora mismo las mayores dificultades las está atravesando un PP acostumbrado a la opulencia de los días de mayoría absoluta, al cual le está pasando una dura factura en términos de imagen la financiación ilegal. Ahora mismo vive en una economía de guerra después de pasar de los 186 diputados logrados por Mariano Rajoy en 2011 a 137 en 2016 y ahora solo 66, el peor resultado de su historia.
Por eso, el partido que dirige Pablo Casado esta esperando como agua mayo de los 8,3 millones de euros que le debe el Estado en concepto de subvención extraordinaria por el 28-A: 1.397.064 esos por diputados electos; 3.528.378 por los votos necesarios para conseguirlo; 1.185.387 euros por los 56 senadores elegidos y los aproximadamente 1,4 millones por cada voto en la Cámara Alta.
Los populares sospechan que detrás de la argumentación oficial de que se trata de un gobierno en funciones, hay una deliberada estrategia de Pedro Sánchez y su equipo para debilitar a sus adversarios electorales, en particular el PP, a sabiendas de su precaria situación económica.
En el caso de Ciudadanos, la deuda acumulada ronda los 7,7 millones; Podemos, 6,6 millones; Vox 4,4; ERC 1,47 millones; Junts del Cat 710.000 y PNV 570.000 euros. Al resto de formaciones con representación parlamentaria (Bildu, Coalición Canaria, Compromis, UPN y el PRC) el Estado les adeuda 1,9 millones por los resultados que lograron el 28A.
Fuera de plazo, según la LOREG
Desde Ciudadanos admiten a Vozpópuli que el pago de las subvenciones extraordinarias "vienen fijados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)" y que "a día de hoy no se ha recibido el importe total otorgado".
Los partidos pueden solicitar en cada elección un adelanto de esa subvención extraordinaria que, como máximo, puede ser el 30% de la recibida por los resultados en escaños y votos de las elecciones anteriores.
Tras los comicios del 28 de abril, cada partido ha tenido cuatro meses para presentar al Tribunal de Cuentas gastos e ingresos de esa campaña electoral; y el Estado debería haber abonado el 90% cada subvención en los treinta días siguientes a esa presentación. Un plazo ampliamente rebasado en la mayoría de los casos, señalan varias fuentes consultadas.
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