Política

Patxi López y Susana Díaz discrepan sobre la forma de romper con el PSC

Este lunes, Javier Fernández y Miquel Iceta intentarán negociar el alcance de la ruptura entre el PSOE y el PSC, conscientes de que en las filas socialistas no existe unanimidad sobre los pasos a dar.

La federación vasca, una de las que con más ahínco trabajaron para sostener a Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE con Patxi López a la cabeza, no quiere  ahora que la ruptura con el PSC, otra de las organizaciones que se identificaron con el exlíder socialista, tenga consecuencias electorales catastróficas para ambas partes en un momento en el que están en caída libre, según refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La federación vasca no defiende una ruptura total, en contra del criterio de la andaluza, con mayor presencia en el comité federal

“Si no es bueno para nadie expulsar de nuestros órganos de decisión a los socialistas catalanes, sería absurdo hacerlo por una decisión adoptada en la investidura que a los diputados del PSC les llegó legitimada por su consejo nacional”, resume un parlamentario vasco partidario de encarar con tolerancia y una sanción prudente la indisciplina de voto de los siete miembros del grupo parlamentario adscritos al socialismo catalán que votaron ‘no’ a la investidura de Rajoy, violentando de esta forma el dictado del comité federal.

Otra opinión bien diferente es la que le ha trasladado al presidente de la gestora, Javier Fernández, el representante en ella del socialismo andaluz, Mario Jiménez, quien ha recibido instrucciones de Susana Díaz para defender la máxima dureza en el castigo a los diputados del PSC llegando, incluso, a la expulsión de esta formación de los órganos federales del PSOE, incluido el comité federal.

“Hay que estar a las duras y a las maduras, no puede tolerarse que el PSC actúe como aliado nuestro para lo bueno y nos deje colgados cuando más le conviene, influyendo además de manera activa en la elección de nuestros dirigentes”, precisa un miembro destacado de la federación andaluza, partidario de que los 18 miembros que el socialismo catalán tiene en el máximo órgano del PSOE entre congresos salgan del comité y, por tanto, no puedan condicionar las primarias que se organizarán antes del próximo cónclave federal para elegir al nuevo secretario general. En este mismo comité se sientan 20 representantes de Andalucía, los más numerosos, 14 del País Vasco, 12 de cada una de las dos Castillas, 11 de Aragón, otros tantos de la Comunidad Valenciana y Galicia, 10 de Madrid, 7 de Extremadura, 6 de Baleares, otros 6 de Murcia, 5 de La Rioja, 4 de Navarra, 3 de Cantabria y otros 3 de Canarias, Ceuta y Melilla.

El alcance de la ruptura con el PSC se tomará formalmente en un próximo comité federal, en el que Miquel Iceta va a trabajar para evitar que la ruptura sea total y aboque a su partido a competir sin la marca complementaria del PSOE en las autonómicas que muy bien podrían adelantarse al año que viene. Iceta es consciente de que su preocupación ha penetrado todavía más en aquellos territorios que contemplan el desastre que le puede acarrear al conjunto del partido comparecer en unas legislativas desvinculado abiertamente del PSC, aun cuando el derrumbe de este partido en Cataluña no ha parado de aumentar desde que en 2003 estrenó el tripartito con ERC e Iniciativa.

La fuerte caída electoral del PSC anima a quienes dentro del PSOE defienden su expulsión de los órganos federales

Con el objetivo de apaciguar las tensiones, el PSC acaba de incorporar a la gestora a Teresa Cunillera, con larga experiencia en el Congreso, que va a trabajar a favor de una especie de tregua similar a la que pactaron en su día Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro en 2013 y que tuvo su máximo exponente, después de serios enfrentamientos, en la llamada ‘declaración de Granada’, un acuerdo de mínimos que sirvió a ambas partes para que la sangre no llegara al río en la polémica sobre el ‘derecho a decidir’, episodio en el que el PSC rompió también la disciplina cuando se votó ese mismo año una propuesta de la antigua Convergencia a favor del derecho a la autodeterminación.

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