El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó este miércoles un anuncio cienmillonario para los medios de comunicación. Bajo el pretexto de la digitalización, el jefe del Ejecutivo movilizó el bolsillo del Gobierno para la Prensa. "Debemos ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura. Se pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación que lo necesiten", dijo. Pero, según ha sabido este diario, buena parte de ese montante se destinará a los medios provinciales.
El núcleo duro del presidente está especialmente preocupado por los medios locales justo cuando el PP tiene casi todo el poder territorial. "Dentro de poco no quedarán medios en la España vacía", lamenta un colaborador del presidente. Lo cierto es que en el equipo monclovita se ve esta medida como una forma de abrir la financiación pública a medios cuyo grueso de ingresos institucionales proviene de otras administraciones, algunas en las que el PP lleva gobernando décadas. De esta forma, Pedro Sánchez intenta ganar influencia en la prensa local y regional.
No obstante, esa no es la única argucia que el presidente ha puesto encima de la mesa. Sánchez también quiere retocar la Ley de Publicidad Institucional: "Los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia. Debemos limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores. Para ello habrá que actualizar la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace casi 20 años, cuando se leían más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales", dijo este miércoles en el Congreso.
Sánchez, en efecto, se limitó a exponer una serie generalidades recogidas en el reglamento europeo de marras. Y poco más. Que si dejar en manos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) las herramientas de supervisión y sanción del comportamiento mediático; que si 100 millones de ayuda para digitalización; que si reforzar el "derecho al honor" y a la "rectificación" de los ciudadanos frente a "calumnias"; que si reformar la ley de publicidad institucional para que se conozcan los propietarios y accionistas de la prensa así como sus datos de audiencia; que si usar dicho registro para cortar la financiación a los que tienen más recursos que lectores; etc.
En verdad, cabe no pasar por alto ese lamento de Sánchez, porque es todo un dardo a la publicidad institucional de las administraciones que no controla. Es más, él mismo acusó a la oposición de comprar líneas editoriales. E hizo referencia velada al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.
En cualquier caso, queda claro que Moncloa intentará estipular que los medios sean transparentes en cuanto a su accionariado, inversores y anunciantes para conocer cuáles podrían ser los intereses de los mismos a la hora de influir en la línea editorial de un periódico, una emisora o una televisión. Además, los medios tendrán que detallar cuánta publicidad institucional reciben por parte de las Administraciones del país en el que opera, así como los ingresos provenientes de terceros países.
Eso sí, el presidente del Gobierno constató que, por ahora, carece de apoyos suficientes de partida para impulsar su particular cruzada contra la Prensa. Algunos de sus aliados, como Bildu o Junts, la ven insuficiente e instan al Ejecutivo a ir más allá para provocar una "ruptura democrática" con el sistema político de 1978. Encima de la mesa está la ley mordaza o la ley de secretos oficiales como contrapartidas. Y otros arquearon las cejas. Moncloa admite que tendrá que ir medida a medida.
