La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez le lleva a ceder una vez más ante sus socios independentistas. El presidente del Gobierno se ha tragado este jueves sus líneas rojas con la ley de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza. El Ejecutivo se abrió a reformarla durante la presentación de su plan de control medios, llamado "plan de acción por la democracia". Y Bildu se ha encargado de anunciar el botín: Moncloa se predispone a eliminar las pelotas de goma y limitar la autoridad de los agentes policiales, las dos exigencias de Bildu y ERC para impulsar el cambio en esta norma que nació en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Ambas formaciones trasladaron al PSOE que si no aceptaba esa exigencia, difícilmente podrían contar con ellos para sacar adelante el paquete de medidas del plan de acción democrática. De manera que Pedro Sánchez ha decidido ceder. La reforma de esta ley fue un compromiso asumido por los socialistas ya en la legislatura anterior. Pero no llegó a buen puerto pese a las intensas y largas negociaciones por las reticencias del PSOE a tocar estos dos aspectos. Cabe reseñar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha negado siempre a reformar en este sentido la ley.
"Esta nueva Ley Orgánica de Libertades y Seguridad Ciudadana recoge todos los acuerdos y avances logrados entre los diferentes grupos en la tramitación de la legislatura pasada, a los que se suman ahora las cuatro cuestiones pendientes recogidas en el acuerdo que hoy presentamos; aspectos que, como recordarán, generaron el bloqueo en la anterior legislatura. Con este acuerdo desbloqueamos la situación y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la Ley Mordaza, vaya a hacerse realidad", ha explicado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, en rueda de prensa.
Bildu se congratula de que gracias a ellos "se acaba con la discrecionalidad que existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia; se acaba con el uso de las pelotas de goma y se incluirá en la Ley de Extranjería una disposición adicional para que en el plazo máximo de 6 meses se modifique para establecer como criterios ante la entrada irregular de inmigrantes el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos".
Parece que hace una eternidad, pero no hace tanto. El 17 de diciembre de 2019, el PSOE posó con Bildu en el Congreso por primera vez. Por aquel entonces, en Ferraz aún causaba pánico cualquier acercamiento a la izquierda abertzale tras décadas de terrorismo etarra. La banda asesinó a 12 miembros del partido. Y la imagen de Adriana Lastra, entonces portavoz socialista en el Congreso, y Rafael Simancas con sus homólogos abertzales Oskar Matute y Mertxe Aizpurua era incómoda. Pero la segunda investidura de Pedro Sánchez era causa de fuerza mayor. La cara del hoy secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo decía todo. Era un poema. Casi cuatro años después, Pedro Sánchez se sentó con Bildu junto a Cerdán en el Congreso para atar su elección como presidente del Gobierno.
El viaje del PSOE con la izquierda abertzale ha sido largo. Pero ha sido. Si para el hoy repudiado exvicepresidente Alfonso Guerra, el PP lleva años viajando al centro ("imagínense de dónde vendrían", apostillaba), Ferraz no se queda atrás con los herederos políticos de la banda terrorista. Sánchez no concibe un acuerdo de gran coalición con el PP para gobernar España y evitar los peajes del nacionalismo y el independentismo. El PSOE actual nunca tragará con esa porque sabe, como dijo el propio presidente en funciones en un diario italiano en 2020, que la socialdemocracia española terminaría entonces igual que el PASOK griego, borrado del mapa tras pactar con Nea Demokratia, el PP heleno.
¿Cuál es la solución, entonces? La alianza con partidos de izquierda, aunque sean beligerantes con el régimen constitucional de 1978 que el PSOE instauró en gran medida. La cúpula socialista ya no teme pactar con Bildu. En Ferraz saben que los abertzales buscan la hegemonía en Euskadi a costa del PNV. Y no les preocupa que la consigan. En verdad, según sintetizan a este diario varias fuentes socialistas de peso, "el PSOE comenzó a restar importancia a las fotos y pactos con Bildu cuando se dio cuenta de que no le penalizaban electoralmente". Es más, el resultado de las elecciones generales del 23 de julio es un punto a favor de esta tesis. Y es que buena parte de los votos a las fuerzas independentistas se fueron al PSOE no solo en el País Vasco, también en Cataluña. Una vez bendecidos, los pactos con Bildu ya no asustan en Ferraz. Por eso se mantienen.
El presidente sabe que lo es por obra y gracia del independentismo que anhela dividir España. Y su gabinete de coalición con Sumar está sometido al chantaje permanente de ERC, Bildu y Junts. Muestra de ello es que Pedro Sánchez no ha llegado hasta aquí sin pasar por caja. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español decidió amnistiar a 309 independentistas y 73 policías que incurrieron en delitos relacionados con el procés, como la consulta del 9-N y el referéndum ilegal del 1-O, para revalidar la Moncloa. Él mismo reconoce de manera implícita que no lo hace con gusto, pero debe "hacer de la necesidad virtud", el eslogan con el que justifica la primera amnistía del periodo constitucional vigente. Pero cada sesión del Congreso es un suplicio. Y, por ello, desdice a sus ministros cada vez que tiene ocasión.