Pedro Sánchez se comprometió con Carles Puigdemont a iniciar en Bruselas el proceso para que el catalán se pueda emplear en las instituciones comunitarias como lengua oficial. Y le vendió que podría lograrlo. Pero la presidencia española del Consejo de la Unión está a punto de terminar y el catalán seguirá con el mismo estatuts. Sánchez, además, reconoce que es casi imposible que ese hito se produzca alguna vez; sabedor de la complejidad de las negociaciones europeas. Por eso, ha decidido 'oficializar' el catalán en toda España comprometiéndose con el presidente de la Generalitat a impulsar una ley para que los ciudadanos se puedan dirigir a la Administración en ese idioma.

Puigdemont ya evidenció su mosqueo hace unas semanas: "Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea no se aprobará el estatus oficial de la lengua catalana. Es un hecho incontrovertible. Y sí, es un incumplimiento de lo que nos habían dicho que sería posible". El expresidente catalán acusa al Ejecutivo central de mentir y tensa las relaciones entre las partes justo en el inicio de la legislatura.

Y ahora Sánchez sella con ERC ese acuerdo, siguiendo lo pautado en el pacto de investidura. En él pide a los socialistas respeto a los símbolos y las instituciones de Cataluña, especialmente a la lengua: "Es uno de los principales instrumentos de integración social y debe también tener presencia y reconocimiento en todas las instituciones del Estado y también en los organismos e instituciones internacionales, particularmente de la Unión Europea".

123 millones de euros

Lo cierto es que uno de los grandes impedimentos a la implantación de las tres lenguas cooficiales en las instituciones europeas es el coste. De momento, un estudio preliminar de la Comisión cifra el gasto de la oficialidad en 123 millones por los tres idiomas. El presidente del Gobierno, no obstante, también se comprometió a impulsar una Agencia Tributaria catalana independiente, así como ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital al Govern catalán, que se aprobará el próximo 27 de diciembre; convocar una nueva reunión de la Mesa de Diálogo entre el Ejecutivo central y el autonómico antes de abril y preparar el traspaso de Rodalies, otro de los compromisos de investidura entre el PSOE y ERC.

Sánchez está jugando una partida de ajedrez en Cataluña. El presidente está preso de los intereses de Puigdemont, quien con sus siete votos en Madrid tiene la llave para tirar al Gobierno. Sánchez, según admiten en Moncloa, debe hacer encaje de bolillos. Por un lado contentar a Junts, pero también a ERC, su socio secesionista más antiguo. La pelea entre ambas fuerzas es descarnada.

Pero, a la vez, el presidente fía todo a una victoria del socialista Salvador Illa en las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán previsiblemente a finales de 2024, que sea lo suficientemente amplia como para poder apartar al independentismo del Palacio de la Generalitat por primera vez en 13 años, desde que el socialista José Montilla abandonó el poder.

La llegada del PSC, al que ha levantado un cortafuegos respecto a Moncloa para que no le pase factura la amnistía, al gobierno autonómico implicaría grandes beneficios para Sánchez. El líder del PSOE está embarcado en un proceso de negociación con el independentismo en Madrid que le está acarreando grandes costes. La amnistía es el más evidente.

El presidente considera que un 'president' del PSC rebajaría enormemente el coste del peaje que está pagando a Junqueras y a Puigdemont para mantenerse a los mandos del país. Moncloa se empeña en vender las concesiones y las fotografías que Sánchez se hará con ambos en plena tramitación de la amnistía como un hecho "coherente" con el proceso de "normalización" política en esta comunidad. Aunque a nadie se le escapa que eso no es deseo de Sánchez, sino necesidad, como él mismo reconoce en público y en privado.

La previsión de una legislatura floja de leyes

"Esta es una legislatura más de gobernar que de legislar", explica un senador socialista con asiento en el comité federal del partido. "Ya nos avisaron [desde Moncloa] que estos años bajaría la actividad legislativa", zanja un barón territorial. El problema es que por ahora Moncloa solo ha lanzado la ley de paridad, en el cajón desde hacía meses por la convocatoria de elecciones. Y tiene previsión, si llega, de prorrogar el decreto anticrisis por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Pero poco más. Todo un contraste respecto a los siete decretos de su primer trimestre al frente del Gobierno, en 2018. Sánchez no está pudiendo despejar la amnistía con medidas efectistas.

En verdad, hace tiempo que el PSOE dio comienzo a la operación blanqueo de Puigdemont en previsión de que los votos de Junts pudieran ser determinantes para revalidar la coalición. Y para sostenerla.

Cabe recordar que el propio número tres de Ferraz, el secretario de organización, Santos Cerdán, tuvo su primer contacto con el expresidente de la Generalitat en marzo, cuatro meses antes de las elecciones del 23-J.

Y en todo este tiempo Cerdán se ha visto en varias ocasiones con él. La última, al menos que haya trascendido, fue el pasado 2 de diciembre en Ginebra (Suiza) junto al diplomático salvadoreño Francisco Galindo -el famoso mediador-. Pero ahora es el Gobierno el que va un paso más allá. Y es que Sánchez confesó a los informadores en Moncloa que, efectivamente, habrá "reuniones con foto" tanto con el expresidente catalán prófugo de la justicia Carles Puigdemont, como con el líder de ERC, Oriol Junqueras, 

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