El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea crear un registro de medios de comunicación condenados en sentencia firme por la elaboración de sus informaciones. Según ha sabido Vozpópuli, esta es una de las medidas que el núcleo duro de Moncloa quiere incluir en el paquete de "regeneración democrática" con el que el jefe del Ejecutivo quiere cortar la desinformación para salir al paso de las noticias que afectan a su mujer, Begoña Gómez.
La mujer del presidente está investigada judicialmente por los supuestos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias tras la denuncia de dos organizaciones ultras basadas en informaciones periodísticas tildadas de "bulos" por parte del líder socialista. Gómez deberá declarar este viernes ante el juez instructor del caso, el togado Juan Carlos Peinado.
Sánchez esboza este martes en el Congreso su esquema de medidas. El presidente las justificará ante la opinión pública en su alocución. Aunque no entrará en el detalle. Es más, previsiblemente no estarán diseccionadas legalmente hasta septiembre. Por el momento, tan solo ha trascendido que este lote supondrá, como poco, la reforma de la ley de la publicidad institucional y probablemente también la reforma de la ley de transparencia.
No obstante, otras tantos cambios legales que Sánchez va a llevar al Congreso de los Diputados en materia de medios de comunicación serán adaptaciones de una reciente norma europea: el reglamento de libertad de medios de comunicación. Este, al tratarse de un reglamento comunitario y no de una directiva, no exige su transposición, pero sí requiere la adaptación legal de algunos textos del ordenamiento jurídico español.
Por ejemplo, se estipulará que los medios sean transparentes en cuanto a su accionariado, inversores y anunciantes para conocer cuáles podrían ser los intereses de los mismos a la hora de influir en la línea editorial de un periódico, una emisora o una televisión. Además, los medios tendrán que detallar cuánta publicidad institucional reciben por parte de las Administraciones del país en el que opera, así como los ingresos provenientes de terceros países.
Este mismo martes trascendió que se abrirá el debate para esbozar una nueva regulación de delitos como las injurias o las calumnias, así como del derecho de rectificación y de los derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad -algunos de ellos implican retocar la ley de seguridad ciudadana-.
Precisamente, la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se reunió este martes con Sánchez para entregarle un informe orientativo sobre el asunto de la regulación de la libertad de prensa. En él, la FAPE apoya las propuestas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, en el que en principio se basará el Ejecutivo para las medidas de regeneración democrática y que deberá comenzar a aplicarse en 2025 en los Estados miembros.
La entidad profesional ha recalcado, como organización más representativa de los periodistas de España, la importancia de que se asegure el libre ejercicio de la profesión periodística "rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos", al tiempo que "se garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía" que recoge la Constitución.
La FAPE ha comunicado al presidente del Gobierno su posición favorable en lo relativo a la protección de periodistas, la transparencia sobre la propiedad de los medios y el reparto de la publicidad institucional para garantizar la independencia de los medios de comunicación. Pero también, añade la nota, sobre la necesidad de incentivar la alfabetización mediática para combatir la desinformación. De manera que no hay que descartar una reforma de la ley educativa para introducir alguna asignatura al respecto. En cualquier caso, pasarán meses hasta que se sepa si los cambios de Sánchez cuentan con el beneplácito de las instituciones comunitarias o no.
