Un cerco a la Prensa. El Gobierno ha anunciado este martes su plan para meter mano en los medios de comunicación. El Ejecutivo pretende establecer en los próximos tres años y sin tener garantizados los apoyos en el Congreso, una serie de mecanismos, que estarán bajo su control, y que escrutarán el contenido informativo. Esto, a priori, debilitará la competencia de la Justicia para hacer lo propio.
Según ha avanzado Moncloa, la coalición, compuesta por PSOE y Sumar, impulsará hasta 31 medidas bajo el eufemismo de "regeneración democrática" que, entre otros aspectos, impulsará la definición de qué es un medio, creará un registro con su financiación, controlado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia -un órgano que no está compuesto por profesionales de los medios- y que no tiene su independencia garantizara al ser elegida por los partidos en la Cámara Baja y controlará el reparto de publicidad institucional.
Además, el Gobierno de Pedro Sánchez decidirá por sí mismo "qué es un medio de comunicación" y "quiénes son los verdaderos profesionales" en este sector, una vez esté ya vigente el plan de regeneración democrática. Y todo con el fin de evitar lo que el Ejecutivo considera "bulos" que menoscaban la calidad de la democracia. El propio ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que el Gobierno está decidido a hacer tres reformas legislativas que afectarán directamente a la libertad de expresión y al sistema de medios. Dos de ellas serán dos reformas de las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y a la rectificación.
"El régimen actual que protege el honor de las personas es un régimen que ha quedado obsoleto. En el año 82 y en el 84 no se podía prever el ecosistema que tenemos hoy de medios y la forma en que se producen lis bulos. Por eso, queremos que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva", ha explicado Bolaños. El ministro también ha avanzado una tercera reforma: una integral del Código Penal para acotar los delitos de injurias contra instituciones del Estado, así como de ofensa al sentimientos religioso.
De esta manera, Moncloa quiere que los medios de comunicación tengan el deber de publicar con carácter anual el volumen de inversión publicitaria que reciben por parte de todas las administraciones públicas. Y que lo hagan de "forma visible, clara e independiente". El Gobierno también intentará reformar la ley de publicidad institucional para que los sistemas de medición audiencias cumplan "criterios de transparencia" para que no falseen sus datos de audiencias y hacer así "más justo" el reparto de la publicidad.
Pero, sobre todo, para lo que Moncloa considera "pseudomedios" no reciban financiación. Es decir, que el Ejecutivo pondrá límites a los ingresos que las administraciones pueden destinar a los medios "para que no haya medios impulsados directamente por ellas", según ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Por contra, sí se destinarán fondos específicos a medios de comunicación plurilingües. Es decir, a los que realicen su actividad en las lenguas cooficiales.
Toda la justificación del Gobierno para emprender estas medidas es el paraguas de la legislación europea. "Actuamos de manos de la Comisión Europea, que aprobó un plan con el mismo (Plan de Acción por la Democracia) y que aprobó este plan en 2020. En 2023, ese plan se complementó con otras medidas adicionales. Y en 2023 se aprobó el reglamento europeo de libertad de medios. Es ese marco europeo en virtud del cual trataremos de implementar este plan con el mayor éxito posible", ha explicado Bolaños.
Moncloa también reforzará los órganos de propaganda e intentará comunicarse con los ciudadanos saltándose el control del principal intermediario entre los hechos y los ciudadanos, que son los medios. "El Gobierno en particular tiene que tener mayor contacto con la ciudadanos para que sea más fácil conocer todas las medidas que adoptamos para mejorar las condiciones de vida. Por eso, vamos a desarrollar una nueva estrategia de gobierno abierto e impulsaremos una Proposición de Ley de Administración Abierta" ha apuntado el titular de Justicia.