Pedro Sánchez ha decidido desvelarse este lunes ante sus diputados y senadores. El presidente del Gobierno ha mostrado algunas de las bazas con las que cuenta para intentar comprar tiempo a una legislatura en vía muerta. Sánchez ha puesto encima de la mesa directamente 5.000 millones para comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y cabildos. Aunque les ha advertido de que ese dinero solo llegará a sus cuentas si los grupos parlamentarios votan unos nuevos Presupuestos. Pedro Sánchez también ha pregonado que este martes, el Consejo de Ministros dará luz verde a su famoso paquete de medidas para saber quién está detrás de los medios y cómo se financian.
El presidente del Gobierno, que decidió entrometerse en el funcionamiento de los medios de comunicación -garantes de canalizar la libertad de expresión-, justo cuando trascendieron las informaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, ha decidido culminar su plan de descrédito de buena parte de los medios que han abordado el asunto. También el que afecta a su hermano, David Sánchez.
El líder socialista ha vuelto a cacarear la vieja cantinela de la 'fachoesfera' para polarizar. Y ha pasado de puntillas por los aspectos más sensibles e incómodos de su mandato, como la financiación autonómica. Buena parte del PSOE está revuelto por el compromiso que sellaron Moncloa y ERC para impulsar un cupo catalán a cambio de la presidencia de Salvador Illa. Sánchez lo sabe, pero una vez más ha decidido no bajar al barro. No quiere mancharse con un debate que le vendrá en menos de dos meses, en el Congreso Federal de Sevilla. "
Vamos a defender un nuevo modelo de financiación autonómica. Y este modelo es el mismo en todos los territorios: blindar derechos defendiendo las particularidades de cada territorio. El del PP es privatizar recursos", ha espetado el presidente. Lo asombroso es que diputados que en privado se suben por las paredes por la amenaza que les supone ese pacto fiscal le aplaudan.
Pedro Sánchez, que se vio obligado a enmendarse a sí mismo tras reconocer en el Comité Federal del PSOE que gobernaría "con o sin" el concurso del Congreso, ha pisado la Cámara Baja dispuesto a hacer las paces con los legítimos representantes del pueblo español. Por eso, ha animado a los suyos a buscar el diálogo: "Es la primera vez que se presentan 18 meses sin elecciones a la vista. Es el momento para el diálogo y el acuerdo. Cada cual desde donde le hayan puesto los electores. Quiero trasladar que el Gobierno tiende la mano a los grupos parlamentarios para continuar consolidando la agenda de avances sociales".
El núcleo duro del presidente está especialmente preocupado por los medios locales justo cuando el PP tiene casi todo el poder territorial. "Dentro de poco no quedarán medios en la España vacía", lamenta un colaborador del presidente. Lo cierto es que en el equipo 'monclovita' se ve esta medida como una forma de abrir la financiación pública a medios cuyo grueso de ingresos institucionales proviene de otras administraciones, algunas en las que el PP lleva gobernando décadas. De esta forma, Pedro Sánchez intenta ganar influencia en la prensa local y regional.
No obstante, esa no es la única argucia que el presidente puso encima de la mesa. El líder socialista retocará, previsiblemente, la Ley de Publicidad Institucional. El presidente cree los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia. Además, considera que se debe limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores. Para ello, el consejo de ministros se lanzará a actualizar la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace casi 20 años, cuando se leía más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales.
Queda claro que Moncloa intentará estipular que los medios sean transparentes en cuanto a su accionariado, inversores y anunciantes para que se conozcan cuáles podrían ser sus intereses a la hora de influir en la línea editorial de un periódico, una emisora o una televisión. Además, los medios tendrán que detallar cuánta publicidad institucional reciben por parte de las Administraciones del país en el que opera, así como los ingresos provenientes de terceros países.
Pero el Gobierno, por ahora, carece de apoyos suficientes de partida para impulsar su particular cruzada contra la Prensa. Algunos de sus aliados, como Bildu o Junts, la ven insuficiente e instan al Ejecutivo a ir más allá para provocar una "ruptura democrática" con el sistema político de 1978. Encima de la mesa está también el retoque de la ley mordaza o la ley de secretos oficiales como posibles contrapartidas para sacar adelante este plan. Y, aunque otros arquearon las cejas, Moncloa admite que tendrá que ir medida a medida.
