Probablemente, Pablo Llarena sea hoy el juez más cabreado de España. No está solo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, libra una guerra fría con buena parte de la Justicia del país. Bajo su gobierno se están producido situaciones que están tensando las costuras del tercer poder del Estado. La segunda huida de Carles Puigdemont, en Barcelona y ante 300 policías, es el último ejemplo. Pero cabe añadir a la lista el uso de la abogacía del Estado para querellarse contra el juez que investiga a su mujer, así como un largo etcétera.
Sobre el expresidente catalán pesa una orden de detención que no se cumplió. Y el magistrado del Tribunal Supremo ya ha pedido un informe detallado a los Mossos d'Esquadra y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el "fracaso" de la operación para esposar al líder independentista. Mientras, Puigdemont, según su abogado, Gonzalo Boye, ya está fuera de España, donde llegó el pasado martes. Aunque los mossos creen que puede continuar en la ciudad condal.
El juez Llarena, que instruye la causa del procés, tenía la esperanza de poder tener enfrente a Puigdemont tras siete años prófugo. Pero la política, una vez más, se ha interpuesto en sus planes. Moncloa echa balones fuera. Y manda mensajes sorprendentes de "tranquilidad" tras el espectáculo. Es más, el Gobierno señala directamente a la policía catalana como responsable. Pero quizá lo más sangrante del asunto es el silencio del jefe del Ejecutivo, porque no hace más que alimentar la tesis de un supuesto pacto con Puigdemont para permitirle aparecer el jueves durante la investidura de Salvador Illa sin ser detenido.
La teoría, muy difícil de demostrar sin acusar al Gobierno de colaboración necesaria, circula por algunas de las principales tribunas del país y también se difunde por los altavoces de los principales partidos de la oposición. Y apunta no solo a Marlaska, también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por ser la última responsable de los servicios de inteligencia.
Pasara lo que pasara, lo cierto es que el prófugo más famoso del país se volvió a escapar. Hasta el momento hay tres agentes detenidos. La policía, no obstante, justificó el ridículo: "El operativo no preveía un comportamiento impropio de alguien que ha sido la máxima autoridad del país. Nadie estaba preparado para eso", dijo el 'conseller' saliente de Interior catalán, Joan Ignasi Elena (ERC).
Es cierto que Interior delegó las competencias para detener a Puigdemont al cuerpo de Mossos. Pero Llarena quiere que Interior le informe del dispositivo diseñado inicialmente para detectarlo y detenerlo en frontera, así como las órdenes que se cursaron para arrestarlo. El control de fronteras es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y el juez busca conocer qué agentes diseñaron el operativo, quién lo aprobó y a quienes se encomendó la ejecución y el despliegue operativo del plan.
El Gobierno lleva más de un año cacareando que ha puesto fin al procés. Por eso, en el Consejo de Ministros se defiende que el fugaz regreso de Puigdemont es su estertor. El último sonido antes de la muerte. Los independentistas quedan divididos. El apoyo de ERC al PSC marca un antes y un después. Nada volverá a ser igual dentro del secesionismo y tanto Junts como los republicanos enfrentarán, previsiblemente este otoño, un periodo de reflexión interna que el PSOE espera que culmine con la renovación de ambas cúpulas. Menos radicalizadas y más abiertas al pacto en Madrid.
En cualquier caso, Illa ha logrado llegar al salón de mandos de la Generalitat. Sánchez llevaba meses obcecado con hacerse con la pieza catalana del puzzle autonómico. Y poco le importa que él se vea obligado a convocar elecciones si todo se vuelve inestable por obra y gracia del efectista Puigdemont. El expresidente puede sucumbir a la tentación de tumbarle en Madrid con una cocción a fuego lento. Aunque en Moncloa creen que no le hará caer definitivamente, al menos, hasta que el futuro judicial del expresidente catalán se despeje.
Sánchez, eso sí, tiene más motivos para preocuparse. La coyuntura no es buena: se ha extendido una revuelta territorial en el PSOE y en el resto de autonomías contra la propuesta de concierto fiscal catalán; se empiezan a detectar movimientos extraños en algunas federaciones socialistas, y el asunto Begoña Gómez todavía está más que abierto. La vuelta al cole será dura.
