El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este miércoles un ultimátum al PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de "finales de junio". El líder socialista, que ha preferido anunciar sus planes en una entrevista en TVE en lugar de en el Parlamento, ha arremetido contra la Justicia y los medios críticos una vez más.
Sánchez considera que en España existe 'lawfare' -aunque no cree que se esté produciendo en el caso que afecta a su mujer-, y que existen "tabloides digitales de derecha y ultraderecha" que esparcen "fango". "La máquina del fango tiene su epicentro en Madrid", ha dicho, en un claro ataque a la presidenta regional, la popular Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del Gobierno ha sugerido que en caso de que no haya acuerdo con el PP, el PSOE y Sumar, a través de sus grupos parlamentarios, emprenderán una propuesta que supondrá la revisión de la competencia del Poder Judicial de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores.
"El día de la marmota ha acabado, ha durado demasiado tiempo: 2.000 días. Vamos a dar de margen hasta finales de junio al PP. Si no, el Gobierno y el Congreso darán una respuesta a lo que es un atropello constitucional que perpetra el PP al órgano de los jueces", ha subrayado. El jefe del Ejecutivo ha confirmado que no se trata de una modificación del sistema de mayorías para pasar de la mayoría absoluta a mayoría cualificada en la elección del CGPJ, un cambio con el que ya amagó y que le frenó Bruselas.
Sánchez considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un "incentivo perverso" que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno, que lleva más de cinco años con el mandato caducado. Sánchez señala, por tanto, que se puede revisar esa facultad de nombrar magistrados en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y hacerla "más objetiva, más transparente y no politizada", como a su juicio ocurre ahora por parte del PP.
La idea de Sánchez, a falta de que se concrete, va en la línea del planteamiento que desde hace meses hace el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, y que incluso ha remitido a las presidencias tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Guilarte apuesta por la modificación del sistema de nombramientos, a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Vicente Guilarte propone que los magistrados del Supremo sean a partir de ahora "elegidos por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Tribunal Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Tribunal Supremo, en caso contrario".
Como ya ha contado este diario, el plan de intentar forzar la renovación sin acuerdo previo con la oposición despierta el recelo de la judicatura, desde donde interpreta que Moncloa busca "colonizar" el Poder Judicial. Podemos ya registró una iniciativa a tal efecto en la Cámara Baja. Cabe recordar que el Ejecutivo prohibió por ley al actual CGPJ ejecutar las designaciones de vacantes al encontrarse en funciones. La iniciativa de Podemos se recibió como un "asalto" que, además, va en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Unión Europea (UE).
Pero Sánchez ha anunciado que habrá más. Ambos partidos de la coalición, según ha dicho el presidente, ya están trabajando conjuntamente para presentar un paquete de medidas no solo con la renovación del CGPJ, sino también con la "regeneración" y la "calidad democrática". Es decir, una proyecto para entrometerse en el funcionamiento de los medios de comunicación: "Lo que tenemos que hacer es trasponer lo que se ha aprobado en Bruselas con el apoyo del PP, la ley de libertad de medios de comunicación, en la que se habla de transparencia y financiación", ha detallado.
El jefe del Ejecutivo está inmerso en un proceso de lucha contra lo que considera bulos que "va a durar tiempo", según fuentes gubernamentales. La idea es busca la coordinación y las propuestas de la mayoría de partidos de la investidura para llevar a la categoría de ley lo que consideran mayor "transparencia" en los medios de comunicación. Estas fuentes ya avanzaron que se usará como marco de referencia la transposición de una directiva europea sobre los medios.