Diez meses separan ambas decisiones judiciales. La primera condena al denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas, a cuatro años y nueve meses de prisión. La segunda ofrece a Ricardo Costa, quien fuera secretario general del PP valenciano, un año de servicio comunitario y una multa de 192.000 euros. En los dos casos, la Justicia ha reconocido la "colaboración" que han prestado estos políticos "en el esclarecimiento de los hechos" de la trama de Francisco Correa. Varios partidos políticos y asociaciones coinciden con este tipo de medidas que 'recompensen' a quienes destapan irregularidades.
Esta semana se ha dado a conocer un auto del juez José María Vázquez Honrubia con fecha del 27 de marzo. En él, el magistrado suspende durante cuatro años las penas privativas de libertad contra Costa por su "excepcional" ayuda para destapar la financiación ilegal del PP.
El magistrado de la Audiencia Nacional considera que no es necesario el ingreso en prisión para "lograr la rehabilitación social del condenado que ha colaborado de manera excepcional con la Administración de Justicia". Y hace hincapié en que tanto la defensa como la Fiscalía "coinciden en la colaboración activa y valiosa" de Costa en el caso Gürtel y otros procedimientos análogos.
La decisión se ha hecho pública en pleno debate político sobre los protocolos e incentivos a quienes denuncian casos de corrupción. Algunos proponen "recompensar" la colaboración con un 10% del dinero recuperado; otros, piden que se proporcione protección a quienes destapan entramados corruptos.
Protección para los delatores
Esta misma semana, la organización para la defensa de los derechos digitales Xnet ha presentado en el Congreso una proposición de ley para garantizar la protección de los delatores de actos delictivos. La iniciativa, que pretende blindar a quien posea información sensible sobre irregularidades institucionales o delitos públicos, ha contado con el apoyo de una quincena de diputados de ERC y Compromís.
En concreto, se quiere garantizar al denunciante una compensación por daños sufridos, así como el acceso a medidas correctoras antes de la resolución de un procedimiento judicial con la intención de que no se ponga en riesgo su puesto de trabajo por denunciar.
La medida de Xnet busca mejorar la directiva que se aprobó en abril en el Parlamento Europeo que propone, entre otras cosas, garantizar el anonimato de las denuncias, proteger a quienes alerten de malas prácticas y a los medios de comunicación que destapen irregularidades.
La organización para la defensa de los derechos digitales Xnet ha presentado en el Congreso una proposición de ley para garantizar la protección de los delatores de actos delictivos
Vox también registró esta semana su propia iniciativa para que la Cámara Baja rebata medidas de protección para los denunciantes de corrupción. La proposición de ley de la formación de Santiago Abascal plantea recompensar la contribución a la Justicia con un 10% del dinero recuperado.
Está previsto que la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública presente una propuesta ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se cree un instrumento para canalizar las denuncias de corrupción presentadas bajo el anonimato.
Los beneficios de colaborar
Hasta ahora, quienes deciden dar la alerta van por cuenta propia. Corría 2005 cuando José Luis Peñas empezó a asistir a las reuniones del PP de Majadahonda con una grabadora en el bolsillo. Se hizo con audios de varias conversaciones comprometedoras, y en 2007 acudió, acompañado del abogado Ángel Galindo, a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros a presentar su denuncia.
Una década después, y pese a que su testimonio ha logrado destapar la mayor trama de corrupción de la Democracia, fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por su participación en la trama Gürtel. Este lunes está citado en la pieza Gürtel Jerez para ratificar su denuncia inicial.
Los jueces consideraron que Peñas ayudó a Correa, cabecilla de la trama, a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, donde empezó como funcionario y acabó como concejal. Al momento de dictar sentencia, sin embargo, los magistrados tuvieron en consideración su ayuda para desmontar el entramado; la Fiscalía pedía para él en un principio nueve años de cárcel. Ahora, el ministerio público se ha mostrado favorable a conceder el indulto a Peñas. Aunque eso tendrá que ser cuando la condena sea firme.
Otros implicados en la Gürtel consiguieron eludir el ingreso en prisión gracias a reconocer los pagos ilegales. Algo que, según reconocieron los jueces en el fallo, fue "de importante ayuda para formar el criterio del Tribunal". Los empresarios Alfonso García Pozuelo y Jacobo Gordon, y el exconcejal de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández fueron condenados a penas que no implicaron su ingreso en la cárcel. El ministerio público pedía para ellos penas de entre los tres y los 11 años de prisión.
... Y a los que no colaboran
Diferente fue el caso de otro exconcejal del PP de Majadahona que aseguró haber ayudado al denunciante de la Gürtel a realizar las grabaciones que destaparon la trama. "Yo firmé la denuncia y Juan José Moreno Alonso, no. La denuncia estaba a su nombre también, pero no quiso firmar. Yo creo que hay una diferencia abismal", dijo Peñas hace meses en una entrevista a Vozpópuli.
Moreno fue condenado a 15 años y dos meses de prisión frente a los 23 que pidió la Fiscalía en su escrito inicial. "Creo que los jueces no han tenido en cuenta atenuantes hacia mi amigo que ha grabado algunas de las conversaciones que están en el sumario", señaló también Peñas.
Los magistrados consideraron, entre otras irregularidades, que Moreno recibió como regalo viajes valorados en 10.462 euros a cambio de facilitar la entrada de las empresas de Correa en el consistorio.
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