La Fiscalía ha planteado al Tribunal Supremo (TS) que pida al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una aclaración sobre si el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín pueden ser eurodiputados sin el requisito de acatar la Constitución que establece la LOREG.
La resolución del TJUE que reconoció la condición de eurodiputados a Puigdemont y Comín -como consecuencia del proceso del líder de ERC encarcelado, Oriol Junqueras- ha llevado a la Fiscalía a plantear dudas sobre los requisitos previstos en la legislación española para acceder al escaño en la Eurocámara.
El ministerio público las expone en un escrito, con fecha de 23 de diciembre y firmado por el fiscal Pedro Crespo, dirigido a la sala contencioso administrativa del TS.
Dicho escrito se enmarca en el procedimiento abierto a raíz de una denuncia que presentaron Puigdemont y Comín contra la decisión de la Junta Electoral Central de no incluirlos en la lista de eurodiputados electos que trasladó al Parlamento Europeo, porque no habían acudido al Congreso de los Diputados a acatar la Constitución.
La Fiscalía defendió entonces que la JEC había obrado correctamente, posición en la que se reafirma en este nuevo escrito, ya que cree que "el acatamiento de la Constitución se erige, en la lógica y en la letra de la LOREG, como exigencia común para el ejercicio de cualquier cargo electivo de representación política".
"Dudas razonables"
Sin embargo, el ministerio público admite que la reciente resolución del TJUE despierta "dudas razonables" sobre si la obligación de acatar la Constitución que establece la LOREG puede considerarse "un requisito exigible para la plena adquisición de condición de eurodiputado" en España.
O si, incluso, este requisito podría resultar "contrario al Derecho de la Unión, por no ajustarse al sistema de sufragio universal y directo que rige las elecciones al Parlamento Europeo", razona el fiscal.
En consecuencia, la Fiscalía plantea la suspensión del procedimiento derivado de la denuncia de Puigdemont y Comín sobre la actuación de la JEC.
Alternativamente, la Fiscalía plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE para "aclarar si la exigencia de acatamiento de la Constitución" que establece la LOREG es "compatible -y, en su caso, en qué condiciones o con qué requisitos y efectos- con el Derecho de la Unión".
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