El PNV cree que hay que iniciar ya el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco -es más, piensa que debió empezarse en 2011, tras el cese definitivo de los atentados- pero en los dos próximos meses no va a utilizarlo como arma para condicionar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2018, aseguran a Vozpópuli fuentes peneuvistas.
La dirección de los nacionalistas vascos reconoce que el tema es delicado, que requiere de un "clima" emocional y político de tranquilidad; y esas condiciones no se van a dar entre el comunicado de la banda el pasado lunes, pidiendo solo perdón a las víctimas que no tuvieron "participación directa" en el supuesto conflicto, y el acto de disolución que los etarras tienen previsto llevar a cabo el próximo 5 de mayo en Bayona (Francia) rodeados de mediadores internacionales.
El acercamiento de los presos, añaden las fuentes consultadas, es una reivindicación histórica que cuando se sustancie correrá "paralela" a la relación del PNV con el Gobierno en Presupuestos o en otros temas que en ese momento estén sobre la mesa, pero no se usará de aquí a junio como condicionante de la aprobación de las Cuentas Públicas y, por extensión, de la estabilidad de la legislatura.
En sus discursos públicos, tanto el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, como el propio lehendakari, Íñigo Urkullu, o el presidente del partido, Andoni Ortúzar, recuerdan esa demanda y la cesión pendiente al Gobierno Vasco de la competencia sobre prisiones, pero "sin mezclar asuntos" para enmarañar aún más una negociación numérica de por sí complicada.
La única baza que le queda a ETA
El final de la dispersión es, según las fuentes de la lucha antiterrorista, el único frente que mantiene a día de hoy ETA y su entorno y que explica los últimos movimientos de la organización criminal. Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado enmarcan tanto el desarme del año pasado en Bayona como su acto del próximo mayo como gestos propagandísticos pensados para forzar a España y Francia a aceptar un cambio en materia penitenciaria. Actualmente hay cerca de 280 internos, casi medio centenar en territorio francés.
En el caso de Francia, el Ministerio de Justicia -del que dependen las cárceles en el país galo- ya ha comenzado a trasladar a prisiones cercanas al País Vasco a etarras que no cuentan con delitos de sangre o que tienen buena parte de su condena cumplida. Aquella decisión rompió la habitual unidad de acción hispano-francesa, pero tampoco generó protesta alguna por el Gobierno español, que ha permitido hacer al Ejecutivo de Macron.
En la cocina de estos traslados está la ex jueza de enlace francesa en España, Helen Davo, persona de confianza de la histórica jueza antiterrorista Laurence Levert y conocedora de la cuestión etarra. Esta magistrada ha mantenido diversas reuniones con representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, que han aceptado sus argumentos.
30 años de dispersión de etarras
En España, en cambio, el Gobierno se resiste a realizar movimientos, al menos de momento. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz siempre defendió en sus entrevistas públicas que, en caso de que ETA se disolviese, se revisaría la política de dispersión. No obstante, su sucesor, Juan Ignacio Zoido, se muestra menos claro cada vez que se le pregunta al respecto. En este sentido, fuentes del Ministerio del Interior aseguran a este periódico que la postura del Departamento es la misma que hace tres meses sin que el reciente comunicado de ETA y el anuncio de su posible disolución haya hecho cambiar el paso del Gobierno de Mariano Rajoy.
Estas fuentes se remiten a las palabras del pasado viernes del portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, quien, tras la reunión del Consejo de Ministros, reaccionó ante el comunicado del ETA diciendo que la banda "jamás obtendrá contrapartidas".
Fue el Gobierno socialista de Felipe González el que inició la política de dispersión de presos de ETA en la década de los ochenta, hace casi 30 años -entonces con el apoyo del PNV-. Desde entonces, la han mantenido todos los Gobiernos. El Colectivo de Presos de ETA lleva años reivindicando un acercamiento a la cárcel de Zaballa (Álava), que sustituyó a la vieja de Nanclares de la Oca. Hacen especial hincapié en los presos de mayor edad y los que ellos consideran gravemente enfermos, si bien sus diagnósticos médicos no suelen coincidir con los de la Administración.
Por ley, la decisión de dónde cumple condena un preso es exclusiva del Gobierno, en este caso del Ministerio del Interior. La izquierda abertzale y el entorno etarra apelan a los artículos del propio Reglamento Penitenciario que recomiendan que un interno cumpla su pena cerca de su entorno y familiares para ayudar a su reinserción. A menudo, además, alegan los accidentes de coche que sufren los allegados cuando acuden a visitar a los reclusos emprendiendo largos viajes en carretera.
La respuesta del Gobierno siempre ha sido que la justicia europea avala la dispersión precisamente en aras de la reinserción. Defiende que si se agrupa a todos los presos en una misma cárcel, la banda tendría más facilidad para imponer sus directrices y mantener la disciplina y alega que esta misma política se aplica para los terroristas yihadistas o los condenados por crimen organizado.
