El Gobierno vasco se ha convertido en un cómodo carcelero de ETA. Desde que asumiera las competencias de prisiones, ha concedido 75 terceros grados a los reclusos de la banda terrorista, que les permite un régimen de semilibertad; seis de los cuales se han producido en apenas un mes, el pasado mayo. Una batería de decisiones que con frecuencia se encuentra con la oposición de la Justicia, al entender que no se cumplen los requisitos individuales para pasar a este grado de clasificación.
En las últimas semanas, con el Gobierno salido de las elecciones vascas del pasado 21 de abril todavía sin constituir, el Ejecutivo autonómico ha 'redondeado' su trato deferente con los internos etarras con la concesión del tercer grado a José María Arregui Erostarbe, ‘Fiti’, cuya mano está detrás del salvaje atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, perpetrado por la banda terrorista en 1987 con un sangriento balance de once muertos, entre ellos cinco niñas de corta edad.
La transferencia de las competencias de prisiones era una reivindicación que los sucesivos gobiernos vascos planteaban al Gobierno central. Íñigo Urkullu, hasta ahora presidente de la comunidad autónoma, alcanzó su objetivo en octubre de 2021, al lograr un acuerdo definitivo con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska para asumir la gestión penitenciaria en la comunidad autónoma.
Una gestión que ha cobrado una relevancia aún mayor después de que el Gobierno haya dado por extinguida la política de dispersión, trasladando en sucesivas etapas a País Vasco y Navarra a los presos de ETA que cumplían sus condenas en centros penitenciarios repartidos por la Península.
Así, desde febrero de 2022, el Gobierno vasco ha concedido 75 terceros grados a presos de ETA, según la última actualización del Observatorio de la Política Penitenciaria, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Los seis últimos han tenido lugar en apenas un mes, el pasado mayo, y afecta a terroristas con un intenso historial de sangre en sus expedientes.
Mikel Xabier Ayensa Laborda es uno de ellos: fue condenado por los asesinatos del concejal de UPN en Pamplona, Tomás Caballero Pastor, y del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova Vicente. Otro es su hermano, Ibai Ayensa, quien también recorrió un largo camino dentro de las organizaciones juveniles de ETA hasta formar parte de uno de los comandos de la banda terrorista en Navarra.
El Gobierno vasco también ha concedido en mayor el régimen de semilibertad a Asier Oyarzábal, condenado por formar parte del aparato logístico de la banda terrorista; a Pedro María Cano Hernández, condenado por el asesinato de Juan Priede Pérez; y a Balbino Sáez, condenado por el intento de asesinato de los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández, así como por el atentado fallido contra dos furgones policiales que prestaban su servicio durante los partidos que se disputaban en el estadio de Vallecas, en 2002.
Además, el ejecutivo regional, bajo la presidencia del PNV, concedió en mayo el tercer grado a Jon Igor Solana: en 2001 fue condenado a 30 años como responsable del asesinato de José Martín Carpena; en 2002, a otros 45 años como autor del asesinato de Luis Portero García; y, por último, a otros 53 años como responsable del atentado contra Antonio Muñoz Cariñanos. En este caso, el tercer grado fue revocado y suspendido.
La Audiencia Nacional
Según los datos del Observatorio de la Política Penitenciaria de la AVT, 16 de estos 75 terceros grados han sido revocados por la Audiencia Nacional, al entender que no se cumplen requisitos para conceder el régimen de semilibertad de los terroristas: 9 de ellos han sido recurridos y suspendidos, mientras que otros seis han sido recurridos y desestimados.
Las estadísticas en este ámbito son notablemente más elevadas que las que se registraban en todo el territorio nacional, antes de que se cedieran las competencias de prisiones al País Vasco y se pusiera fin a la política de dispersión. Entre octubre de 2018 y abril de 2022, Instituciones Penitenciarias concedió 29 terceros grados a presos de ETA.
Desde la AVT indican que, tras los traslados al País Vasco y Navarra, las progresiones a segundo grado y las flexibilizaciones del primer grado, actualmente se desarrolla la segunda fase del plan de política penitenciaria de los presos de ETA, centrada en los ya citados terceros grados. Este plan culminaría con una tercera fase, con libertades condicionales, según esgrime la asociación.
El entorno de los presos de ETA también ha modificado sus exigencias tras las últimas decisiones en materia penitenciaria. Etxerat ha dejado de reivindicar el "fin de la política de alejamiento" para directamente exigir su libertad: "A casa".
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