La investigación por corrupción a Tsunami Democràtic y sus promotores, muchos de ellos cargos o excargos de ERC, ha incendiado la sala de máquinas del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del partido de Pablo Iglesias aseguran que detectan actuaciones dirigidas de la Justicia “contra la coalición”, y señalan tanto la investigación por la financiación de Podemos como la instrucción sobre los empresarios vinculados a ERC. Los republicanos exigen al Ejecutivo un gesto para deslegitimar la operación de la Guardia Civil, y los morados están ejerciendo presiones con dirigentes del PSOE para que Sánchez se sume a la iniciativa.
Los morados estudiaron su posición a lo largo del pasado fin de semana. En un primer momento, la cúpula del partido de Iglesias quiso aclarar con sus colaboradores la gravedad de las acusaciones. Desde el sector independentista se intentó explicar que la investigación era un ataque político por sus posiciones. Podemos, interesado en respaldar a ERC por la negociación presupuestaria, quiso no obstante dar un giro a su argumentario y enlazarlo con las investigaciones que afectan a su cúpula.
A lo largo de estos días Podemos se ha desmarcado de la actividad de la Justicia. "Es importante que se entienda que el Gobierno es solo un segmento del Estado, y que aunque haya una coalición progresista no se puede abordar todo desde aquí", explicaban las fuentes consultadas.
Acto seguido, Iglesias dio la orden de añadir la investigación judicial a los excargos de ERC a su ofensiva contra la Justicia. Se trata, según desvelan fuentes del partido morado, de "preparar el relato" por si el Tribunal Supremo decide pedir el suplicatorio al Congreso para investigar a Iglesias sobre el caso Dina. En definitiva, Podemos quiere encajar el escándalo sobre la presunta corrupción de ERC en otro capítulo del lawfare, la guerra judicial que Podemos agita desde que arrancó la coalición con Sánchez.
Temor al suplicatorio por 'Dina'
La portavoz de los Comunes y probable candidata a la Generalitat, Jessica Albiach, negó la existencia de indicios de corrupción. Achacó la instrucción a los magistrados interesados en debilitar la coalición. Jaume Asens, el dirigente de Podemos que más contactos tiene con los independentistas, expresó públicamente su crítica a la investigación contra Xavier Vendrell y David Madí. Habló de una Fiscalía que "no actúa en defensa de la legalidad, sino al servicio de los adversarios del diálogo para que caiga el Gobierno".
Vendrell y Madí formaban parte del sanedrín de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que proclamó en 2017 la Declaración unilateral de independencia (DUI) tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y ahora se encuentran involucrados en una trama de supuesta corrupción en la que también aparecen los nombres de Salvador Illa y José Luis Ábalos.
Presiones al PSOE
En ERC es palpable el malestar. Los republicanos quieren que alguien del Ejecutivo hable y manifieste su disconformidad con la investigación a sus cargos. Los morados ejercen una vez más de puente entre los dos sectores. Aunque de momento su petición no ha sido recogida por ningún ministro o cargo relevante en el PSOE. El núcleo dirigente de Podemos, sin embargo, se ha decantado por una defensa cerrada de los dirigentes de ERC.
Los morados no quieren perder el respaldo del partido de Junqueras en los Presupuestos. Pero su interés va más allá y apunta a una táctica electoral. Quieren "rascar votos en ese espacio", comentan desde Podemos para referirse a las maniobras de los Comunes.
El partido de Ada Colau afronta un ciclo electoral con las peores expectativas. Podemos fue la primera fuerza en las generales de 2015 y 2016. En 2017, los Comunes bajaron hasta los ocho escaños en las elecciones autonómicas. Y ahora su temor es seguir a la baja, al igual que ocurrió en Galicia y en el País Vasco en las autonómicas del pasado julio.
Elecciones aparte, los morados insisten en su ataque al sector judicial. El próximo noviembre deberán desfilar ante el el tribunal varios dirigentes como el jefe de campaña electoral Juanma del Olmo y el tesorero y la gerente de Podemos. Tendrán que explicar las supuestas irregularidades en la última campaña electoral. Esta es la investigación que más preocupa a los morados, aunque también persisten los temores sobre la del móvil de Dina Bousselham en el Supremo.
En ambos casos, para Podemos es conveniente lanzar la imagen de una magistratura en manos de sectores conservadores que maniobran contra el Gobierno. Y ahora quieren que los socialistas se sumen a esa protesta. Según las fuentes consultadas, entre las personas de confianza de Sánchez se pueden escuchar comentarios críticos con la investigación a los empresarios afines a ERC. Pero públicamente el partido del presidente de momento guarda silencio.
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