Nuevos nubarrones legales se acercan a Podemos. El partido de Pablo Iglesias ha llegado a un acuerdo con su exescolta para evitar un juicio al que hubiera podido tener que acudir la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero en el partido se preguntan: “¿Quién pagará el dinero de la indemnización?”. Si fuera el partido, fuentes de Podemos alertan de que podría tratarse de un caso de “administración desleal”, que se resumiría en un uso impropio y con fines personales del dinero de la organización.
Todavía se desconoce cuánto dinero le costará a Podemos evitar el juicio de su exescolta. La empleada denunció irregularidades laborales en su despido. La exescolta (que técnicamente no estaba registrada entre los profesionales del sector, según su asociación) realizaba trabajos personales para Montero, que excedían sus tareas como personal de seguridad. Por ejemplo, hacía pequeños recados y trabajaba de chófer de Montero y otros trabajadores del partido. La empleada de seguridad fue contratada por Podemos durante casi dos años y trabajó para Montero.
La noticia del acuerdo entre las partes, adelantada por El Confidencial, apunta a una indemnización extrajudicial que resolvería el caso. El partido, según OkDiario, ofreció 50.000 euros, pero fuentes de Podemos consultadas por Vozpópuli sostienen que puede ser incluso superior. El partido morado mantiene el máximo secretismo sobre el asunto, y dirigentes del partido aseguran desconocer la cifra.
Administración desleal
La reflexión que hacen algunos miembros de Podemos es que si finalmente es el partido quien pague, la formación podría incurrir en otras irregularidades: concretamente en el delito de administración desleal, que se introdujo en 2015 y que se enmarca en delitos contra el patrimonio.
Se trata de una posible violación del artículo 252 del código penal, que recoge: “Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triple del beneficio obtenido”.
De hecho, según ha podido saber este diario, algunos afiliados de Podemos están estudiando interponer una querella. La cuestión, señalan las fuentes consultadas, es que a partir de 2015 la "administración desleal" no se limita a las empresas privadas, sino que se extiende a las organizaciones de todo tipo. Y el malestar interno concierne a que la indemnización a la exescolta puede ser pagada con dinero de las donaciones de los afiliados.
La extrabajadora había denunciado a la ministra de Igualdad porque le obligaba a hacer tareas que no eran de su competencia, así como a hacer horas extra que nunca cobró. Montero estaba previsto que declarara el próximo 20 de enero en un tribunal madrileño, pero gracias al nuevo acuerdo podrá evitar acudir al Juzgado de lo Social número 3.
Recadera, mecánica y chófer
La denuncia de la trabajadora se basaba en que la número dos de Unidas Podemos obligaba a llevar comida a la familia, hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia. Concretamente, a comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el chalet de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.
Para las fuentes consultadas puede considerarse delictivo que el partido haya pagado los servicios domésticos de algunos dirigentes (en este caso, tareas de niñera y recadera), y que luego cubre financieramente por su vulneración de derechos laborales.
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