Se cumple un mes de la vuelta de Pablo Iglesias a la primera línea política. Y la situación que tiene delante no puede ser más complicada. El líder de Podemos debe hacer equilibrios en su papel de socio de Gobierno y el de defensor de la ejemplaridad en las instituciones.
En la sede de Princesa 2 no dan abasto para reaccionar a las polémicas que afectan a día sí y día también a miembros del gabinete de Pedro Sánchez. Desde la polémica tesis doctoral del presidente, hasta la sociedad que creó el ministro Pedro Duque para comprar sus casas, pasando por el plagio de la exministra de Sanidad Carmen Montón o las conversaciones de la titular de Justicia Dolores Deglado con el excomsario José Manuel Villarejo.
Iglesias ha pedido que ambos sean apartados de la política. Pero la decisión de Sánchez de mantenerlos en sus puestos no condiciona "en absoluto" el compromiso del partido morado para lograr un acuerdo de Presupuestos para 2019. Los 67 diputados del grupo confederal son claves para sostener a un Ejecutivo que sólo cuenta con 84 escaños socialistas. Si Podemos estuviera en el Gobierno, "quizá no estaríamos padeciendo los problemas que estamos padeciendo ahora", decía Iglesias esta semana.
Los datos del último sondeo del CIS dejan a Unidos Podemos y sus confluencias en cuarto lugar con una estimación de voto del 16,1%, frente al 30,5% que recaban los socialistas. Cocinas al margen, la tendencia no refleja una recuperación notable del partido morado en los sondeos tras su papel clave para el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aunque el nuevo papel que juegan está permitiendo recuperar parte del foco mediático que la formación perdió con la salida forzosa de sus líderes por su paternidad.
Así que ahora todos los esfuerzos se centran en arrancar al Gobierno un pacto que permita presentar a la opinión pública algunas medidas concretas de corte social con las que presentarse a las elecciones generales, cuando Sánchez decida apretar el botón nuclear. Sin eso, la estrategia habrá fracasado.
De momento, la negociación presupuestaria se lleva con sigilo. Aunque los morados se han encargado de trasladar sus exigencias a través de actos con cobertura mediática. Iglesias ofreció una rueda de prensa en La Moncloa tras reunirse con Sánchez. El equipo del Presidente creyó adecuado ofrecerle ese espacio para darle "visibilidad". Iglesias pide sentarse con las eléctricas, critica la "improvisación" a la hora de plantear la reforma constitucional para suprimir ciertos aforamientos; y prioriza la subida del salario mínimo a 1.000 euros y una reforma legal para controlar el aumento de los precios del alquiler.
Pero en cuestión de dos semanas se comprobará hasta qué punto avanza el diálogo con Hacienda a través de varias mesas sectoriales. Iglesias quiere tener cerrado un paquete de medidas antes de que España envíe el borrador de los Presupuestos a Bruselas el 15 de octubre, como se comprometió Sánchez con el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici. En Hacienda lo ven muy complicado y dan por hecho que se tendrá que trabajar en base a la senda de estabilidad pactada por Mariano Rajoy con Bruselas.
PP y Ciudadanos han bloqueado definitivamente en el Congreso el cambio urgente y por lectura única de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitiría suprimir la capacidad de veto que tiene el Senado a la hora de aprobar la senda. El PP ya anunció que usaría su mayoría absoluta para bloquear una nueva cifra. En Podemos y en el PSOE no se dan por rendidos y recurrirán al Tribunal Constitucional el bloqueo ejercido por las formaciones de centro-derecha. Pero los plazos no permitirán llegar a tiempo.
Esto supondrá que el Gobierno deberá pactar las cuentas públicas con 6.000 millones menos de gasto público que la propia Unión Europea había autorizado. De esa cifra, sólo 1.200 afectan a los PGE, es decir, la cantidad que va a la Administración Central del Estado. El resto se reparte a partes iguales entre la Seguridad Social (2.500) y las Comunidades Autónomas (2.500). No será difícil encontrar fórmulas para compensar la pequeña parte que afecta a Presupuestos.
El apoyo de Podemos a esas cuentas públicas dependerán, en definitiva, del acuerdo "global" al que lleguen con el Gobierno. No hay líneas rojas. Pero esos "desacuerdos" de los que habla el secretario general servirán en bandeja los argumentos para la campaña electoral. Todo para reforzar el mantra que defienden de que "el PSOE dice una cosa en la oposición y hace otra cuando gobierna".
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