Las secuelas del batacazo del domingo se reflejarán pronto en la caja de Podemos. Si bien su estructura es más ligera que la de los partidos tradicionales, la pérdida de cinco diputados en el Parlamento europeo, además de los 60 diputados autonómicos y los ediles en los ayuntamientos conllevará un terremoto financiero para el partido de Pablo Iglesias. Según fuentes del partido, este impacto alcanzará "al menos el 60% de los ingresos públicos". Solo la entrada en el gobierno de la nación puede evitar la debacle, sostienen.
En cada parlamento regional los partidos políticos reciben un flujo fijo de dinero en concepto de subvención política. A ello hay que sumar el extra por el tamaño del grupo (el número de diputados). Se trata de una lluvia de fondos que se utiliza para engrosar las cuentas de las formaciones políticas, hacer campañas y alimentar las estructuras, fichar asesores y técnicos, además impulsar contratos a empresas y asociaciones afines.
El punto de la contratación es muy relevante sobre todo si se llega al gobierno. Para entenderlo es suficiente mirar al Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno de Manuela Carmena, que cada año ha manejado 4.000 millones de presupuestos, disparó durante su mandato las subvenciones y contrataciones a dedo. Llegaron a un total de 81 millones en 2017, cuando el año anterior habían sido casi la mitad. PP y Ciudadanos hablaron de “red clientelar” y el equipo del aspirante alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), asegura que revisará ese gasto a partir de junio. Y también que analizará la legalidad de los contratos.
Menos fondos y trabajadores
Para comprender el impacto económico se puede usar como termómetro la Comunidad de Madrid. En esa región el partido de Iglesias ha perdido 20 diputados: pasando de 27 a siete. "En la Asamblea se dan 400.000 euros a cada grupo más 17.000 por cada diputado durante cuatro años", explican fuentes de la Comunidad. "Son muchos fondos, pero el gasto de los grupos para fichar a asesores y técnicos es muy elevado. Sin ellos no pueden redactar proyectos de leyes y se quedan estancados", afirman.
Ese dato hay que multiplicarlo por todas las regiones en las que Podemos ha reculado en las últimas elecciones. En Castilla y León, por ejemplo, el partido de Iglesias pierde nueve diputados. En Aragón pasa de 14 a tres. En Asturias pierde siete; en Navarra, cinco, y en Castilla y León y Cantabria se queda sin representantes. Y a ese desastre regional se suma el municipal.
De los ayuntamientos del cambio, punta de lanza del poder territorial de Podemos, permanecen las cenizas. A excepción de Cádiz, que está en manos de un dirigente enfrentado a Iglesias, José María González Kichi, en el resto de municipios los morados han perdido peso y poder.
En Madrid, la alcaldesa Carmena, que también se había alejado del secretario general, se retirará de la política. En Santiago de Compostela y La Coruña, la división ha condenado a los alcaldes impulsados por Podemos. Lo mismo ha ocurrido en Zaragoza, mientras que en Barcelona la regidora Ada Colau tiene casi imposible revalidar su ejecutivo. Quedan los de Compromís en Valencia, pero el partido de Mónica Oltrá se va acercando a Errejón, como adelantó Vozpópuli.
Ayudas de la Eurocámara
En cuanto a los eurodiputados, la pérdida de fondos puede alcanzar los 1,7 millones menos al año. Cada parlamentario europeo tiene a su disposición unos 50.000 euros al año de gastos, a los que hay que añadir casi 300.000 euros anuales para sus asistentes. Dinero que en estos años Podemos e Izquierda Unida han solido reinvertir en España.
Al canal institucional hay que añadir el de las donaciones. Estas fluctúan en función de otro tipo de variables, como pueden ser la influencia o la afinidad ideológica, de manera que es difícil de cifrar. Y otro capítulo es el desgaste indirecto. Por ejemplo, en el ámbito mediático. En Madrid, el partido de Iglesias perderá peso en la emisora local, aseguran fuentes del partido morado. Posiblemente a favor de Íñigo Errejón, que aspira a construir desde Madrid su próxima alternativa nacional.
Esta situación obligará al partido de Iglesias a renunciar a asesores y trabajadores, con la única salida de la entrada en el gobierno de la nación para evitar la pérdida de puestos de trabajo. La presencia en ministerios permitiría reubicar a técnicos y militantes, entre los cuales ya va cundiendo la preocupación por no saber si la dirección revalidará su convenio. Y con la posibilidad de que la disidencia interna se alimente del malestar interno para lanzar su ataque al tándem Iglesias-Irene Montero. En definitiva, más gasolina en el fuego de la polémica.
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