Podemos ha puesto en marcha este lunes una acción coordinada con sus organizaciones territoriales para pedir al Gobierno, a través de diferentes proposiciones no de ley (PNL) que ha registrado en los respectivos Parlamentos Autonómicos, que no se extradite al informático suizo Hervé Falciani.
Así lo ha explicado la secretaria de Participación del partido morado, Noelia Vera, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario de Organización, Pablo Echenique, en la sede estatal de Podemos de la calle Princesa de Madrid, tras la reunión de la Ejecutiva.
Vera ha explicado que esta iniciativa ya se ha activado, de momento, en los Parlamentos de Madrid, Baleares, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, con el objetivo de "defender la lucha contra los delincuentes de cuello blanco y no condenar a los que son testigos protegidos" por denunciar el fraude.
Con su iniciativa, Podemos quiere que las diferentes cámaras autonómicas manifiesten oficialmente su "preocupación por la situación del ciudadano Hervé Falciani, colaborador con las autoridades españolas en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal", e insten al Gobierno a que, "llegado el caso", deniegue la extradición a Suiza.
Medidas contra el fraude fiscal
"Queremos instar al Gobierno desde las Comunidades Autónomas para que frene la posible extradición a Suiza de Falciani", ha señalado Vera, quien ha avanzado que también aprovechan dicha PNL para plantear una batería de propuestas para luchar contra el fraude fiscal.
En concreto, proponen aumentar los recursos destinados a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado, a corto y medio plazo, "para combatir el fraude, evasión y alusiones fiscales y el blanqueo de capitales de las grandes empresas y fortunas".
También reclaman impulsar la coordinación en el seno de la Unión Europea "para lograr la armonización fiscal y eliminar el secreto bancario, la amnistía fiscal o las sociedades pantalla, facilitando la ejecución de medidas sancionadoras en su caso".
Finalmente, plantean regular la "protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y corrupción, incluyendo canales de denuncia confidencial y/o anónima, que eviten la existencia de cualquier tipo de represalia".
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