La formación política de Podemos, que ejerce en la Audiencia Nacional la dirección letrada de la acusación popular del 'caso Tándem', en el que se investiga una presunta organización criminal liderada por el comisario retirado José Manuel Villarejo, ha presentado un recurso dirigido al juez Diego de Egea en el que pide que revoque su decisión de imponer una fianza de un millón de euros al empresario Rafael Redondo, socio del agente.
En el escrito, de 13 de agosto, Podemos se opone a la decisión del juez De Egea, que la semana pasada acordó desestimar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de mantener la prisión si fianza, y a cambio impuso una caución de un millón de euros. De esta forma, si el socio aporta el millón de euros, saldría libre, según consta en el auto difundido a los medios de comunicación.
"El señor Redondo ha demostrado tener acceso a altísimas cotas de influencia en altos cargos policiales y empresariales, a disponer de elevadas sumas de dinero, de gestionar y disponer libre y asiduamente de numerosas empresas con altos capitales en el extranjero, principalmente países denominados paraísos fiscales, así como a participar en operaciones o negocios de espionaje utilizando identidades falsas, como la ya vista de Manuel Villar", especifica Podemos en su recurso.
"Candidato ideal para fugarse"
Por eso, la formación morada considera que Redondo es un "candidato ideal" para abandonar el país, sobre todo si el numero de causas contra él continua creciendo al ritmo "vertiginoso" actual. "Lo que no puede permitirse es dejar precisamente libre a Rafael Redondo, la persona que conocía más íntimamente este entramado y que más capacidad de administración y gestión disponía dentro de las empresas del grupo", completa el recurso de reforma dirigido al juez.
Además, Podemos recuerda la capacidad para obtener identidades falsas y favores de sus "adláteres policiales o políticos", pero también del riesgo de que se puedan cerrar empresas, cambiarlas de nombre, ocultar sus huellas, transferir fondos, vaciar depósitos físicos y anotados, y realizar operaciones societarias de ocultación.
Si algo ha dejado claro este procedimiento, según resalta el recurso de la formación de Pablo Iglesias, es que aún quedan "muchísimas" piezas separadas por abrir, "que ninguna de las partes ni el juzgador conocen, salvo los propios comisores de los delitos, esto es Villarejo y Redondo".
"Por tanto", prosigue Podemos, "en el más que probable caso de que existen posibles víctimas en futuras piezas separadas, estaríamos poniendo en bandeja de plata el que el señor Redondo actuara contra ellas o contra sus derechos".
Servicios "ilegales"
El escrito también llama la atención precisamente que los servicios "ilegales" que Villarejo y Redondo prestaban a sus clientes y en lo que eran expertos consistía precisamente en gestionar y resolver, por métodos "legales" o "ilegales", sus problemas: "En este caso, el servicio se lo prestarían a ellos mismos, sencillamente. En suma, resulta realista y está fundado en indicios pensar que la salida del señor Redondo puede poner en peligro cualquiera de los fines anteriores, si no todos juntos a la vez".
Además, Podemos rechaza que se relegue el papel del empresario Redondo al de mero subordinado o testaferro, sin voz ni voto, del comisario retirado: "Sino que dentro de la organización ocupaba un rol principal de mano derecha de Villarejo, con capacidad de decisión propia e iniciativa para la gerencia de los negocios y encargos de la trama".
Por todo ello, la acusación popular concluye que el papel de Redondo como coautor en los delitos, hasta la fecha conocidos, de blanqueo de capitales, cohecho y asociación criminal, "es presunción de buena fe bastante para seguir manteniendo la medida de prisión provisional sin fianza".
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